El Gobierno decidió postergar el inicio de la tramitación de su reforma constitucional de seguridad ante las resistencias que la iniciativa ha generado tanto en sectores oficialistas como en la oposición. La Moneda iniciará nuevas negociaciones para intentar construir un acuerdo que permita viabilizar el proyecto en el Senado.

La determinación fue abordada durante una reunión realizada la noche del domingo entre ministros y presidentes de los partidos oficialistas. En el encuentro participaron autoridades encabezadas por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y se ratificó la intención de utilizar la Comisión de Constitución del Senado como instancia para perfeccionar la propuesta.

En el escenario más favorable para el Ejecutivo, la discusión formal comenzaría durante la segunda semana de septiembre. Antes de ello, el Gobierno buscará acercar posiciones dentro de su propia coalición y abrir conversaciones con sectores opositores.

Mientras se desarrollan esas negociaciones, La Moneda continuará impulsando una veintena de proyectos incluidos en su agenda de seguridad, entre ellos las Reglas de Uso de la Fuerza, modificaciones relacionadas con la carrera funcionaria de Carabineros y la iniciativa antibarricadas.

El principal punto de conflicto de la reforma constitucional es la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad. La propuesta original contemplaba que este régimen pudiera extenderse hasta por 240 días sin autorización previa del Congreso y establecía facultades para interceptar comunicaciones personales.

Ante los cuestionamientos, el ministro Martín Arrau se abrió a reducir de 240 a 30 días el período de aplicación del régimen especial y a moderar las disposiciones relacionadas con la intervención de comunicaciones.

Sin embargo, Arrau ha planteado dentro del Ejecutivo que, al menos por ahora, no se elimine completamente el nuevo estado de excepción, considerado uno de los elementos centrales de la reforma.

Senadores de Renovación Nacional han propuesto precisamente suprimir esa figura para facilitar un acuerdo. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha planteado como alternativa fortalecer el actual Estado de Excepción de Emergencia, utilizado actualmente en zonas de La Araucanía y el Biobío, en lugar de incorporar un quinto régimen excepcional.

La oposición, en tanto, ha endurecido su posición ante las divisiones existentes dentro del propio oficialismo y sectores han solicitado directamente el retiro de la reforma para iniciar la discusión de una propuesta diferente.

El Ejecutivo enfrenta así distintas alternativas. Entre ellas se encuentran retirar completamente el proyecto, realizar modificaciones profundas que incluyan la eliminación del nuevo estado de excepción o buscar la fusión de la iniciativa gubernamental con otras reformas constitucionales sobre seguridad presentadas anteriormente en el Congreso.

Entre esas propuestas se encuentran mociones impulsadas desde 2024 por parlamentarios que actualmente forman parte de la oposición, incluida la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien ha presentado cuatro iniciativas y trabaja en una quinta propuesta relacionada con el combate al crimen organizado.

Paulina Núñez también ha cuestionado la forma en que el Ejecutivo preparó la reforma antes de ingresarla al Congreso. La senadora sostuvo que faltó un mayor trabajo prelegislativo y pidió abandonar la estrategia de negociar individualmente los votos necesarios para avanzar con el proyecto.

La presidenta del Senado propuso además evaluar la incorporación de una iniciativa sobre un régimen carcelario diferenciado para integrantes del crimen organizado, presentada anteriormente junto a Vodanovic y al senador Karim Bianchi.

Otra fórmula planteada por Núñez consiste en que la Comisión de Constitución analice simultáneamente la reforma en general y en particular, con el objetivo de elaborar previamente un texto consensuado y posteriormente llevarlo a votación en la sala.

La propuesta recibió respaldo del presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, quien consideró razonable que los cinco integrantes de la instancia se reúnan con el Gobierno para determinar qué aspectos de la reforma pueden mantenerse y cuáles deberían ser modificados.

La Comisión de Constitución está integrada actualmente por Arturo Squella, Andrés Longton, Claudia Pascual, Paulina Vodanovic y el propio Araya. Aunque la instancia no tiene previsto discutir formalmente la reforma esta semana, su presidente pretende convocar a sus integrantes para explorar alternativas.

La búsqueda de un acuerdo resulta especialmente relevante debido a que, por tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa necesita al menos 29 votos en el Senado, respaldo que actualmente estaría lejos de alcanzar.

Las dificultades también han provocado tensiones dentro del oficialismo. En la UDI surgieron cuestionamientos luego de que su presidente, Guillermo Ramírez, expresara públicamente reparos a la propuesta, mientras que en Renovación Nacional existen diferencias respecto del protagonismo asumido por Núñez y sus conversaciones con representantes del Partido Socialista.

La presidenta del Senado aclaró que RN no mantiene un acuerdo particular con el PS y sostuvo que las conversaciones buscan incorporar a diferentes sectores políticos con el objetivo de alcanzar los votos necesarios.

Las diferencias también alcanzaron al Partido Socialista. Mientras Vodanovic se ha mostrado disponible para analizar alternativas después de retirar o reemplazar la propuesta del Ejecutivo, otros dirigentes de la colectividad han expresado un rechazo más categórico.

La Comisión Política del PS aprobó una declaración en la que exige retirar la reforma y advierte que, si el Gobierno insiste con el texto actual, sus parlamentarios no respaldarán la idea de legislar. La colectividad argumentó que el combate contra el crimen organizado debe desarrollarse respetando los derechos, las garantías individuales y el marco constitucional.

El futuro de la reforma dependerá ahora de las negociaciones que La Moneda pueda desarrollar durante los próximos días. El Ejecutivo deberá resolver si mantiene el nuevo estado de excepción con modificaciones, lo elimina para facilitar un acuerdo o integra su propuesta con iniciativas parlamentarias que ya cuentan con algún grado de respaldo transversal. (NP-ChatGPT-La Tercera)