Tras la aprobación en general por el Senado del proyecto que permite el cumplimiento de condenas en domicilio para personas mayores o enfermas, se ha desatado una fuerte pugna entre el oficialismo y la oposición. Según datos de Gendarmería, a fines de 2025 existían 738 personas condenadas mayores de 70 años que podrían optar al beneficio, de las cuales 365 corresponden a crímenes de lesa humanidad y 373 a delitos comunes, incluyendo abusos sexuales, violaciones y homicidios. Además, la iniciativa podría alcanzar a más de 10.000 internos con enfermedades crónicas y a cerca de 2.000 personas con diversas discapacidades.
CRÍTICAS A LA REDACCIÓN Y ALCANCE
El Gobierno, a través del ministro de Justicia Jaime Gajardo, ha calificado la redacción de la propuesta como “laxa” e incluso “no enmendable”. La crítica principal radica en el artículo tercero, que obliga al tribunal a disponer la reclusión domiciliaria total ante enfermedades crónicas que impidan un tratamiento adecuado en prisión, enfermedades terminales o discapacidad bajo condiciones de trato indigno. Desde el oficialismo advierten que, bajo estos términos, criminales de alta connotación pública, como el denominado “psicópata de Alto Hospicio” o María del Pilar Pérez, conocida como “la Quintrala”, podrían abandonar los recintos penitenciarios de forma inmediata.
MECANISMO DE SUPERVISIÓN Y PLAZOS
El texto legal establece que la reclusión domiciliaria total implica el monitoreo constante de Gendarmería en el domicilio del interno, permitiendo salidas solo para controles médicos o urgencias vitales. Para acreditar la condición de salud, el tribunal deberá contar con antecedentes certificados por el Ministerio de Salud. Ante la falta de claridad en la definición de las patologías, advertida previamente por la Corte Suprema, las bancadas oficialistas preparan una batería de indicaciones cuyo plazo de presentación vence el próximo 16 de marzo, buscando reescribir los aspectos más polémicos de la moción. (NP-Gemini-Emol)