La Moneda intensificó las gestiones para encauzar la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast, luego de los cuestionamientos surgidos incluso dentro del oficialismo. El Ejecutivo resolvió ampliar los tiempos de discusión y manifestó su disposición a modificar algunos de los puntos más controvertidos del proyecto.

Durante el lunes, Kast y sus ministros sostuvieron una serie de reuniones destinadas a revisar la iniciativa y ordenar a los partidos de gobierno. Entre las materias que han generado mayores reparos se encuentran la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, las restricciones de derechos sociales para condenados por terrorismo y crimen organizado y el registro de organizaciones criminales.

El escenario parlamentario representa una de las principales dificultades para el Ejecutivo. Actualmente, el gobierno no tendría asegurados los respaldos necesarios para aprobar la idea de legislar: requiere 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara de Diputados. Por esa razón, La Moneda pretende aprovechar la semana distrital para intensificar las negociaciones.

El propio Kast afirmó que la propuesta permanece abierta a modificaciones. El Mandatario sostuvo que, una vez ingresado el proyecto al Congreso, corresponde recoger las observaciones de las distintas bancadas y evaluar eventuales cambios. También reconoció que aspectos como el nuevo estado de excepción pueden ser modificados.

Una de las primeras señales será el cambio de la suma urgencia que actualmente tiene la iniciativa y que vence el 31 de agosto. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, explicó que la decisión busca entregar más tiempo al Congreso para analizar el proyecto, recibir propuestas y construir acuerdos. Todavía no se define qué grado de urgencia tendrá posteriormente la reforma.

La decisión fue comunicada durante una reunión en La Moneda en la que participaron Alvarado, el ministro de la Segpres, José García, y el titular de Seguridad, Martín Arrau. Por los partidos oficialistas asistieron Arturo Squella, del Partido Republicano; Andrea Balladares, de Renovación Nacional; Guillermo Ramírez, de la UDI, y Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli.

La cita se produjo después de fuertes cuestionamientos desde las propias filas gubernamentales. El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, afirmó que la reforma “raya en lo iliberal” y sostuvo que no sería indispensable para avanzar en la agenda contra la delincuencia. Kast rechazó esa caracterización, aunque reconoció la legitimidad del debate.

Alvarado también descartó que el proyecto tenga un carácter iliberal y afirmó que la administración respeta la democracia, la institucionalidad y el funcionamiento de los poderes del Estado.

A las diferencias sobre el contenido se han sumado críticas por la falta de trabajo prelegislativo. La presidenta de RN, Andrea Balladares, sostuvo que una coordinación previa más intensa habría permitido reducir los problemas que enfrenta actualmente la iniciativa.

Durante la reunión entre el gobierno y los partidos se acordó acelerar la elaboración de las leyes orgánicas constitucionales vinculadas a la reforma. El objetivo es precisar qué materias quedarán reguladas en la Constitución y cuáles serán desarrolladas posteriormente mediante legislación.

La Moneda también prepara indicaciones para modificar las disposiciones que han generado mayores resistencias. Una de ellas corresponde a la duración del nuevo estado de excepción. El proyecto original permite al Presidente extenderlo hasta por 240 días sin consultar al Congreso, fórmula que provocó cuestionamientos desde diferentes sectores políticos.

El Ejecutivo estaría dispuesto a reducir considerablemente ese período. Una de las alternativas consideradas es aproximarlo a los plazos de los estados de excepción actualmente vigentes, con períodos cercanos a los 30 días.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, anticipó que el proyecto experimentará modificaciones durante su paso por el Congreso y que probablemente el texto aprobado será diferente al presentado inicialmente. Balladares, en tanto, insistió en que la versión definitiva debe entregar herramientas eficaces contra el crimen organizado y, al mismo tiempo, garantizar límites adecuados al poder estatal.

Squella señaló que el Ejecutivo también explicó a los dirigentes oficialistas qué aspectos pretende dejar para la legislación complementaria, lo que permitiría despejar parte de las inquietudes planteadas durante los últimos días.

Las gestiones continuarán con parlamentarios considerados decisivos. El ministro Arrau tiene previsto reunirse con el senador independiente Matías Walker, uno de los votos que La Moneda considera relevantes para alcanzar el quórum requerido en la Cámara Alta. Walker ha cuestionado la reforma y considera innecesario crear un nuevo estado de excepción para combatir el crimen organizado.

Arrau también se reunió con el expresidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica para analizar el contenido de la iniciativa. Paralelamente, el ministro García sostuvo un encuentro con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aunque la senadora ratificó posteriormente que su colectividad rechazará el proyecto.

La estrategia del Ejecutivo continuará durante los próximos días con nuevas conversaciones con las bancadas parlamentarias, en un intento por modificar los puntos más resistidos, consolidar el respaldo del oficialismo y buscar los votos adicionales que necesita para aprobar la reforma constitucional. (NP-ChatGPT-La Tercera)