El Gobierno resolvió reducir de suma a simple la urgencia legislativa de la reforma constitucional que fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, una de las iniciativas que ha generado mayores diferencias entre el Ejecutivo y parlamentarios oficialistas, especialmente por la creación de un nuevo estado de excepción.
La decisión forma parte de la actualización de los plazos de tramitación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), dada a conocer este lunes por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
En total, el Ejecutivo estableció nuevas urgencias para 23 proyectos. Diez iniciativas quedaron con discusión inmediata, otras diez con suma urgencia y tres con urgencia simple.
De los proyectos con discusión inmediata, cinco se encuentran actualmente en el Senado, durante su segundo trámite constitucional, mientras que los cinco restantes están en primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
REFORMA DE SEGURIDAD TENDRÁ URGENCIA SIMPLE
Entre las tres iniciativas que quedaron con urgencia simple se encuentra la reforma constitucional destinada a fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El proyecto se encuentra actualmente radicado en la Comisión de Constitución del Senado y ha concentrado parte importante del debate político de las últimas semanas debido, principalmente, a las disposiciones relacionadas con un nuevo estado de excepción.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, explicó que la urgencia simple contempla un plazo de 30 días y permitirá mantener activa la tramitación del proyecto, pero otorgando un mayor margen para debatir sus contenidos y alcanzar acuerdos.
Según el secretario de Estado, ese período permitirá que los integrantes de la Comisión de Constitución expongan sus distintas posiciones, desarrollen la discusión legislativa y busquen los consensos necesarios para que la reforma pueda avanzar en el Congreso.
La determinación supone disminuir la presión legislativa sobre el proyecto, que anteriormente contaba con suma urgencia, en medio de los reparos expresados por distintos senadores.
GOBIERNO DESCARTA RETIRAR EL PROYECTO
Pese a flexibilizar los plazos, el Ejecutivo descartó retirar la reforma del Congreso para posteriormente presentar una nueva versión con modificaciones, alternativa que había surgido durante las conversaciones políticas.
García Ruminot confirmó que el Gobierno mantendrá la iniciativa actualmente en tramitación y defendió su importancia para fortalecer las herramientas disponibles en materia de seguridad pública.
“Nosotros mantenemos la reforma, consideramos que tiene elementos muy, muy importantes para poder garantizar mayor protección y mayor seguridad a toda la población”, afirmó.
El ministro explicó además que mantener algún grado de urgencia busca evitar que el proyecto quede sujeto exclusivamente a la disponibilidad de la Comisión de Constitución, instancia que enfrenta una elevada carga legislativa.
EJECUTIVO ABRE ESPACIO PARA MODIFICACIONES
La Segpres tampoco estableció públicamente líneas rojas respecto de las disposiciones que regulan el nuevo estado de excepción, uno de los puntos más controvertidos de la reforma.
Consultado sobre los aspectos que el Ejecutivo considera indispensables, García Ruminot evitó anticipar una posición definitiva y señaló que el debate deberá desarrollarse dentro de la Comisión de Constitución del Senado.
El objetivo, sostuvo, es escuchar los diferentes planteamientos y construir los acuerdos necesarios para permitir el avance de la reforma.
La decisión se suma a las señales entregadas previamente por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien manifestó la disposición del Gobierno a introducir cambios al proyecto, incluyendo una eventual reducción en la duración del nuevo estado de excepción y la incorporación de mecanismos de control similares a los existentes actualmente.
Con la nueva distribución de urgencias, el Ejecutivo busca acelerar diez iniciativas de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, mientras concede un mayor plazo de negociación a la reforma constitucional que ha generado las principales diferencias políticas dentro de su sector. (NP-ChatGPT-Emol)
