El Gobierno del Presidente José Antonio Kast formalizó la ampliación de la política de control de consumo de sustancias estupefacientes, extendiendo la obligatoriedad de los exámenes de detección no solo a los ministros de Estado, sino también a subsecretarios y asesores directos. La medida, que comenzó como un requisito para integrar el gabinete en enero pasado, se proyectará ahora de forma permanente y periódica como un estándar de probidad en la función pública.

Según trascendió, el proceso incluirá pruebas de alta precisión, como el test de pelo, capaz de detectar consumos en periodos prolongados, y será complementado con una revisión exhaustiva de antecedentes. El objetivo declarado por el Ejecutivo es prevenir la infiltración del narcotráfico en las esferas de toma de decisión y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, marcando un contraste con los controles de administraciones anteriores.

La iniciativa ha encontrado un eco favorable tanto en las filas oficialistas como en sectores de la oposición, aunque el debate se ha desplazado hacia el alcance de estas fiscalizaciones:

  • Oficialismo: El diputado Juan Carlos Beltrán (RN) valoró la señal de transparencia, afirmando que estas acciones son fundamentales para dar garantías de integridad a la población.
  • Oposición: Parlamentarios como Cristián Tapia (PPD) y Jaime Mulet (FREVS) apoyaron la medida, sugiriendo incluso que debería extenderse a todas las autoridades del Estado para enfrentar con mayor firmeza el avance del crimen organizado.
  • Análisis técnico: Rodrigo Meléndez, del Instituto Res Pública, advirtió que la falta de controles preventivos en países como México y Ecuador facilitó la degradación de sus instituciones, validando la urgencia de este instructivo.

El instructivo, que cuenta con la venia de la Contraloría General de la República, vincula los test de drogas con otras obligaciones legales de los funcionarios públicos, tales como la declaración de patrimonio e intereses. De esta manera, el examen de detección de sustancias pasa a formar parte de un ecosistema de control diseñado para detectar posibles conflictos de interés o vulnerabilidades que puedan ser explotadas por organizaciones criminales.

Desde La Moneda aseguran que la implementación periódica de estos exámenes durante las próximas semanas será una “señal potente” de la lucha contra el narcotráfico, en un contexto donde la seguridad y la transparencia se han posicionado como los pilares centrales de la agenda del actual Gobierno. (NP-Gemini-Bio Bio)