El Gobierno comenzó a delinear una nueva etapa de su agenda legislativa, centrada en seguridad pública, luego del avance de la denominada megarreforma económica. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad trabaja en una propuesta de reforma constitucional destinada a fortalecer el marco jurídico para impulsar iniciativas orientadas al combate del crimen organizado y el terrorismo.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, durante un comité político ampliado realizado en La Moneda, instancia en la que expuso las prioridades legislativas de la cartera para los próximos meses. Según asistentes a la reunión, el objetivo es otorgar un respaldo constitucional más amplio a futuras medidas en materia de seguridad, evitando eventuales cuestionamientos de constitucionalidad.

El proyecto también fue abordado en un encuentro entre el Presidente José Antonio Kast y los dirigentes de los partidos oficialistas, donde se coincidió en que la seguridad, junto con la reconstrucción y el empleo, constituirá uno de los principales ejes de la agenda gubernamental durante el resto del mandato.

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, la propuesta busca actualizar el marco constitucional relativo al deber del Estado en materia de seguridad, considerando que la actual referencia a la seguridad nacional resulta insuficiente para enfrentar fenómenos como el crimen organizado, el terrorismo y otras formas de delincuencia compleja que han adquirido mayor relevancia en los últimos años.

La intención del Gobierno es incorporar una disposición que sirva como fundamento constitucional para futuras reformas legales, entregando mayores herramientas al Estado y disminuyendo el riesgo de que determinadas normas sean declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Entre los antecedentes considerados por el Ejecutivo figura el fallo del Tribunal Constitucional que, a fines de junio, declaró inconstitucionales diversas disposiciones del proyecto Escuelas Protegidas, incluyendo medidas relacionadas con restricciones a la gratuidad y la revisión de mochilas en establecimientos educacionales. En La Moneda existe preocupación de que situaciones similares puedan afectar otras iniciativas actualmente en preparación.

Uno de los proyectos que el Gobierno busca resguardar es el Registro Único de Vándalos, cuya tramitación ha generado cuestionamientos de especialistas en Derecho Constitucional debido a algunas disposiciones que contemplan restricciones para personas sancionadas por determinados hechos vinculados al orden público.

La reforma constitucional está siendo elaborada de manera conjunta por los ministerios de Seguridad y de Justicia, encabezados por Martín Arrau y Fernando Rabat, respectivamente, con el apoyo de expertos en Derecho Constitucional que han revisado los primeros lineamientos de la propuesta.

En declaraciones recientes, Arrau sostuvo que el país requiere fortalecer su institucionalidad para enfrentar la evolución de la criminalidad, señalando que el ordenamiento jurídico vigente fue diseñado para una realidad distinta y que las actuales manifestaciones del crimen organizado exigen nuevas herramientas legales.

Paralelamente, el Ejecutivo continúa desarrollando otras iniciativas en materia de seguridad, entre ellas proyectos sobre responsabilidad penal adolescente, reglas sobre el uso de la fuerza (RUF), control migratorio, combate al crimen organizado, fortalecimiento de Carabineros y programas de prevención orientados a impedir el ingreso temprano de menores de edad a circuitos delictivos.

La agenda de seguridad ha sido definida por el Gobierno como una de sus principales prioridades políticas, buscando reforzar las capacidades institucionales del Estado y responder a una de las principales preocupaciones manifestadas por la ciudadanía en los últimos años. (NP-ChatGPT-La Tercera)