El Gobierno del Presidente José Antonio Kast avanza en una nueva agenda legislativa que se desarrollará de forma paralela al denominado Plan de Reconstrucción Nacional. La estrategia contempla el ingreso de diversas iniciativas durante el primer semestre, ampliando el foco hacia áreas como seguridad, migración y probidad. El plan principal, de más de 200 páginas, está estructurado en cuatro ejes: reconstrucción física, económica, institucional y fiscal, con el objetivo de reimpulsar el crecimiento del país.
En materia migratoria, el Ejecutivo prepara un proyecto que incluirá el endurecimiento de sanciones contra quienes transporten personas en situación irregular. La propuesta también incorporará medidas adicionales que finalmente no fueron consideradas dentro del plan de reconstrucción, consolidando así una línea de acción específica en este ámbito.
Respecto a seguridad, se encuentra en elaboración una iniciativa sobre incivilidades, que será presentada junto a la creación de un registro nacional de vándalos. La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, explicó que el objetivo es abordar conductas que actualmente no constituyen delitos graves, pero que podrían ser sancionadas a través de juzgados de policía local. La autoridad indicó que estas medidas permitirían registrar a quienes incurran en este tipo de faltas, fortaleciendo el control sobre conductas que afectan la convivencia.
A esta agenda se suma un tercer proyecto enfocado en probidad, que busca ampliar la exigencia de test de drogas a autoridades y actores políticos. La iniciativa, impulsada por el propio Mandatario, pretende extender esta obligación a cargos de alta responsabilidad pública, incluyendo gobernadores, alcaldes, concejales, parlamentarios y directivas de partidos políticos.
Asimismo, el proyecto contemplará la exigencia de acreditar resultados negativos en exámenes de drogas para quienes postulen a cargos de elección popular al momento de su inscripción. Con ello, el Ejecutivo busca reforzar los estándares de transparencia y control sobre quienes ejercen o aspiran a funciones públicas, en un contexto marcado por la preocupación por el crimen organizado y el narcotráfico. (NP-ChatGPT-Emol)