El Gobierno del Presidente José Antonio Kast redujo el alcance de su reforma constitucional de seguridad luego de los reparos surgidos dentro del oficialismo, particularmente desde Chile Vamos. Los cambios fueron abordados en un Comité Político Ampliado en La Moneda, donde el Ejecutivo presentó una versión más acotada de la iniciativa.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó los ajustes a los dirigentes oficialistas con el objetivo de concentrar la reforma en aquellas materias que requieren modificaciones constitucionales y facilitar un acuerdo político para su tramitación.

La propuesta se estructura principalmente en torno a consagrar la seguridad pública como un deber del Estado, establecer herramientas contra organizaciones criminales y crear un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar situaciones graves vinculadas a la delincuencia.

El Presidente Kast ha insistido en que el objetivo no es abrir un nuevo debate general sobre la Constitución, sino introducir cambios específicos que permitan implementar su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo.

“No es una megarreforma constitucional”, sostuvo el Mandatario, quien definió las modificaciones como intervenciones precisas en materias de seguridad pública.

Uno de los puntos considerados es establecer regímenes penitenciarios especiales y de aislamiento para líderes de organizaciones criminales, particularmente en módulos de alta seguridad.

El Ejecutivo ha señalado que estas disposiciones no implicarán privar a los internos de atención sanitaria esencial y que deberán mantenerse las prestaciones médicas necesarias.

Otro eje corresponde al nuevo estado de excepción de seguridad pública, concebido como una herramienta para responder a escenarios particularmente graves. La propuesta deberá definir las facultades extraordinarias que podrá ejercer el Ejecutivo y las condiciones para su aplicación.

También figura entre las materias impulsadas por el Gobierno la regulación constitucional de controles de drogas para determinadas autoridades del Estado, buscando establecer procedimientos más claros para la realización de los exámenes y eventuales contramuestras.

El ajuste permitió disminuir parte de las tensiones con Chile Vamos. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien inicialmente había advertido que las propuestas conocidas podían afectar la institucionalidad, posteriormente anticipó que la reforma podría conseguir un “amplísimo apoyo” en el Congreso.

Desde la UDI también surgieron señales favorables. El senador Sergio Gahona manifestó su disposición a estudiar modificaciones constitucionales cuando sean necesarias para mejorar la prevención, investigación y persecución del crimen organizado, aunque advirtió que estas deben realizarse con responsabilidad y sin convertir la Constitución en una respuesta para cada problema legislativo.

El senador Javier Macaya planteó una posición similar, condicionando su respaldo a que las modificaciones sean acotadas.

Por su parte, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, valoró la reducción del proyecto y sostuvo que cualquier intervención en la Carta Fundamental debería limitarse a las disposiciones indispensables para ejecutar la agenda de seguridad.

Con estos ajustes, el Ejecutivo busca recomponer la unidad del oficialismo y ampliar los respaldos parlamentarios, aunque el contenido definitivo de las modificaciones seguirá sujeto al debate y las negociaciones en el Congreso. (NP-ChatGPT-El Mostrador-Carlos Saldivia)