La crisis de la nueva educación pública en Chile ha sumado un nuevo flanco de críticas tras revelarse que varios directores ejecutivos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), suspendidos por graves irregularidades, continúan percibiendo remuneraciones mensuales que oscilan entre los 5 y 9 millones de pesos. La rigidez de la ley de 2017, que dificulta los procesos de destitución, ha permitido que funcionarios investigados por malversación, fraude al fisco y mala gestión financiera mantengan sus sueldos íntegros mientras los procesos administrativos se “eternizan” en la Dirección de Educación Pública (DEP).

Servicio LocalDirector SuspendidoSueldo PromedioMotivo de la Investigación
AtacamaCarlos Pérez Estay$5.000.000Suspendido desde 2022 por fallas financieras graves.
ValparaísoManuel Pérez Pastén$7.000.000Irregularidades en sueldos docentes e infraestructura.
ColchaguaÓscar Fuentes Román$4.800.000Querella por perjuicio fiscal de más de $2.200 millones.
MagallanesMario García Martínez$7.700.000Promesas salariales sin respaldo legal y paro docente.
AconcaguaCarmen Gloria Martínez$6.000.000Denuncias de contratación de personal no idóneo.

  • EL CASO COLCHAGUA: Es considerado el más grave en términos judiciales. La Fiscalía de Alta Complejidad investiga a Óscar Fuentes por malversación de caudales públicos, luego de que la PDI allanara las oficinas del servicio en San Fernando. A pesar de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal, el exdirectivo sigue recibiendo casi 5 millones de pesos mensuales de fondos públicos.
  • LA INERCIA EN ATACAMA: El SLEP de Atacama ha tenido ocho directores suplentes desde 2022. Su titular original, Carlos Pérez Estay, lleva cuatro años fuera del cargo pero sigue figurando en planta con sueldo completo y bonos de desempeño, lo que el ministro Nicolás Cataldo calificó como un diseño legal “muy complejo” de revertir.
  • FALLA EN LA INSTALACIÓN: En el SLEP Aconcagua, la directora fue suspendida antes de que el servicio comenzara a administrar escuelas, lo que ha generado una fuerte desconfianza en el Colegio de Profesores sobre la viabilidad de la implementación en esa zona.

Desde la Dirección de Educación Pública, liderada por Rodrigo Egaña, defienden la demora argumentando que son investigaciones de “alta complejidad”.1 Sin embargo, el hecho de que solo por petición expresa del Servicio Civil se pueda reducir el sueldo a la mitad, mantiene la indignación en las comunidades escolares que enfrentan plagas, falta de profesores y problemas de infraestructura mientras sus directivos cuestionados no sufren menoscabo económico.