La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este viernes 2 de octubre que impulsará una reforma a la legislación estatal sobre delitos sexuales, que actualmente dificulta acreditar determinadas agresiones cuando la víctima ha consumido alcohol o drogas de manera voluntaria. La decisión se produjo tras la reapertura de una investigación por una presunta violación grupal ocurrida en octubre de 2024 en la Universidad de Cornell, que inicialmente no derivó en cargos penales.

Hochul también designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para examinar los antecedentes del caso, después de que surgieran cuestionamientos sobre la investigación policial y la decisión original de la fiscalía del condado de Tompkins, donde se encuentra el establecimiento universitario.

La denuncia corresponde a una mujer que tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos y que afirma haber sido drogada y agredida sexualmente por siete estudiantes pertenecientes a Chi Phi, una fraternidad masculina que posteriormente fue disuelta en el campus.

La gobernadora sostuvo que el consumo voluntario de sustancias no debe impedir que una persona obtenga protección legal frente a una agresión sexual.

“No debería importar si decidieron consumir drogas o alcohol. La intoxicación voluntaria no es una licencia para la agresión sexual o la violación en grupo”, afirmó Hochul.

La autoridad agregó que trabajará con el Parlamento estatal para modificar la normativa vigente, cuya aplicación ha generado cuestionamientos por las dificultades que puede representar para víctimas que se encontraban bajo los efectos de sustancias al momento de los hechos denunciados.

Según los antecedentes difundidos, cerca de veinte estados estadounidenses cuentan con disposiciones legales similares.

La representante del National Women’s Law Center, Shiwali Patel, cuestionó la existencia de estas normas y advirtió que pueden tener consecuencias importantes en las investigaciones de agresiones sexuales ocurridas en establecimientos de educación superior.

“Tiene un enorme impacto en los casos universitarios porque la realidad es que una gran mayoría de las agresiones sexuales en los campus sí involucran alcohol y drogas”, declaró Patel a la agencia AFP.

La controversia se intensificó después de que el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunciara el lunes la reapertura de la investigación, luego de que la denunciante recurriera a la justicia civil.

Van Houten, quien también ejercía el cargo cuando se presentó la denuncia original, explicó que en 2024 decidió no formular cargos porque los antecedentes policiales recibidos indicaban, según su evaluación de entonces, que las relaciones habían sido consensuadas.

Sin embargo, informaciones publicadas por medios estadounidenses plantearon dudas sobre la integridad de los antecedentes remitidos a la fiscalía.

Según esas publicaciones, una parte de la declaración original de la mujer, en la que afirmaba haber sido violada y sometida a coacción, habría sido omitida en la documentación policial.

La cadena CBS informó que tuvo acceso a la transcripción de las entrevistas realizadas a la denunciante los días 14 y 15 de noviembre de 2024, aproximadamente tres semanas después del episodio investigado.

En su declaración, la mujer reconoció que no recordaba algunos momentos de aquella noche debido al consumo de alcohol y drogas, pero afirmó que había sufrido violencia física y agresiones sexuales.

“Puedo decir con seguridad al 100% que fui violada”, señaló durante su testimonio ante la policía de Cornell, de acuerdo con la transcripción citada por CBS.

Por su parte, ABC difundió otros fragmentos de la declaración en los que la denunciante aseguró que había rechazado verbalmente las aproximaciones de los hombres y que se sintió coaccionada.

La mujer también manifestó que, debido a su estado de intoxicación, se consideraba incapaz de tomar decisiones durante parte de los hechos investigados.

Hochul criticó la actuación de quienes participaron en la investigación inicial y sostuvo que los antecedentes conocidos públicamente ameritan una nueva revisión.

La fiscal especial Letitia James anunció que su trabajo comprenderá el examen de los hechos, la recopilación de pruebas y la realización de entrevistas a testigos.

James precisó que, si los antecedentes reunidos lo justifican, podrá emprender acciones penales.

Paralelamente, la Universidad de Cornell informó que encargará una investigación independiente sobre la forma en que la institución abordó la denuncia.

Según Hochul, el establecimiento aceptó recurrir a un abogado externo para efectuar esa revisión.

Cornell ha señalado que, tras recibir la denuncia, desarrolló una investigación interna que se prolongó durante varios meses y que concluyó con expulsiones, otras sanciones disciplinarias y el cierre de la fraternidad Chi Phi.

No obstante, en su demanda civil, la denunciante sostiene que la universidad expulsó únicamente a dos de los estudiantes involucrados, mientras que a otros les impuso medidas que considera insuficientes, entre ellas la redacción de ensayos.

La mujer también afirma que debió abandonar sus estudios y que no recibió la devolución del dinero correspondiente a su matrícula.

Las responsabilidades penales por los hechos denunciados siguen pendientes de determinación, mientras la fiscal especial prepara una nueva revisión de las pruebas y la universidad inicia el examen externo de sus procedimientos. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)