La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA) y exministra de Transportes, Gloria Hutt, afirmó ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que las empresas concesionarias no determinan las tarifas de los peajes y tampoco pueden modificarlas unilateralmente.

Durante su exposición, Hutt explicó que el sistema de concesiones opera mediante una asociación público-privada en la cual el Estado conserva la propiedad de la infraestructura y establece las condiciones bajo las cuales se desarrollan y explotan las obras.

Según consignó la Cámara, la exministra señaló que las tarifas se establecen durante el diseño de cada proyecto y quedan incorporadas en las bases de licitación y los respectivos contratos. Esas condiciones son conocidas por las empresas antes de participar en los procesos competitivos.

Hutt agregó que las concesionarias tampoco tienen atribuciones para cambiar por decisión propia los valores ni los períodos en que se aplican los cobros. Las modificaciones contractuales requieren la participación de organismos del Estado, entre ellos los ministerios de Obras Públicas y Hacienda, además de la Contraloría General de la República cuando corresponde.

La representante de COPSA también abordó los cuestionamientos respecto de que las autopistas ya estarían completamente pagadas y que los ingresos provenientes de los peajes constituirían únicamente ganancias para las empresas.

Hutt descartó esa interpretación y explicó que una parte importante de las obras continúa dentro de sus períodos de concesión. Los ingresos recaudados, sostuvo, se destinan también al pago de deudas, costos de operación y otras obligaciones contempladas en los contratos.

Respecto de las futuras relicitaciones, indicó que estas no constituyen una prórroga automática de las concesiones vigentes. Los nuevos procesos pueden incorporar inversiones adicionales y es el Estado el que debe determinar si corresponde volver a licitar una determinada infraestructura.

La exministra se refirió además a los mecanismos de supervisión del sistema. Señaló que tanto el cumplimiento de los contratos como la operación de las concesiones están sujetos a fiscalización permanente y que cada proyecto cuenta con inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas.

Tras la exposición, los diputados plantearon consultas sobre el costo que enfrentan los usuarios y otros aspectos del funcionamiento de las autopistas. Entre ellos figuraron las multas municipales relacionadas con el uso de determinadas vías y la posibilidad de reducir las tarifas de peajes y TAG.

Los parlamentarios también abordaron la seguridad en las carreteras y la necesidad de fortalecer los sistemas de televigilancia para prevenir delitos como las encerronas.

Otra de las inquietudes estuvo relacionada con el estado de las calles de servicio o caleteras en algunos sectores. Los diputados advirtieron que el deterioro de esas vías puede dificultar su utilización como alternativa a las autopistas concesionadas.

La discusión se desarrolla mientras el Gobierno mantiene conversaciones con las empresas concesionarias para analizar posibles reducciones en los costos de peajes y TAG. (NP-ChatGPT-Bio Bio)