La decisión de trasladar a Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “comandante Ramiro”, desde la cárcel de Rancagua al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) continúa generando consecuencias. Ahora, Gendarmería inició un sumario administrativo contra el jefe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Fernando Mardones, quien participó en la elaboración del informe que recomendó revertir el cambio de recinto penitenciario.

El documento fue elaborado luego de una visita inspectiva y de entrevistas realizadas tanto a Hernández Norambuena como al alcaide del Repas. En sus conclusiones, el informe advirtió que mantener al exfrentista en ese establecimiento podría implicar vulneraciones a estándares internacionales sobre derechos humanos y constituir un trato incompatible con la normativa vigente, considerando además su condición de adulto mayor y las patologías que presenta.

El informe fue uno de los antecedentes considerados por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para dejar sin efecto el traslado y ordenar el regreso del condenado a la cárcel de Rancagua. La defensa de Hernández Norambuena había cuestionado que Gendarmería no entregara fundamentos técnicos suficientes para justificar el cambio de recinto.

Mientras se desarrolla la investigación administrativa, Fernando Mardones fue suspendido de sus funciones. De acuerdo con antecedentes conocidos, el funcionario presentó su renuncia, la que se hará efectiva el próximo 1 de julio.

Durante la entrevista incorporada al informe, Hernández Norambuena manifestó que las condiciones del Repas le provocaban un fuerte impacto psicológico. Señaló que el frío, las revisiones diarias con esposas y el ambiente del recinto le hacían revivir experiencias traumáticas sufridas durante su encarcelamiento en Brasil.

El informe también recomendó que, una vez de regreso en Rancagua, el interno continuara recibiendo las prestaciones médicas y los programas de reinserción social a los que tenía acceso antes de ser trasladado.

La apertura del sumario busca determinar si los funcionarios responsables del informe actuaron conforme a los procedimientos establecidos por Gendarmería. En tanto, la organización 81 Razones para Luchar cuestionó la medida y sostuvo que el funcionario estaría siendo objeto de una persecución por haber cumplido con sus funciones técnicas. (NP-ChatGPT-La Tercera)