El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, abordaron esta mañana la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de no iniciar una investigación preliminar por los hechos ocurridos en el contexto del estallido social de 2019.
La solicitud la solicitud de investigación fue presentada en abril pasado por la ONG Comisión Chilena de DD.HH., el ex juez Baltasar Garzón y la organización italiana CRED, en contra del Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades.
A través de un comunicado, Cancillería destacó que «con esta decisión la Oficina del Fiscal, después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las misma«.
Agregan que «sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina Fiscal y la Corte Penal Internacional, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido».
Bellolio dijo esta mañana que la decisión confirma la postura que ha tenido el Ejecutivo en la materia, «que aquí no hay una política sistemática de violación a los derechos humanos, que es ratificado por la corte más importante en esta materia, que es la Corte Penal Internacional».
En ese sentido, agregó que «más que ser una buena noticia, nos deja con la tranquilidad que es algo que nosotros dijimos siempre». «Con esto queda descartada esa tesis de la izquierda radical que quería decir que aquí había violaciones sistemáticas (a los derechos humanos); no, no la hay«, remarcó.
En la misma línea, el subsecretario Galli explicó que la decisión de la CPI dice esencialmente que no hay competencia para investigar conductas que pudieron haber ocurrido en Chile en el contexto señalado, «porque esas conductas no son de aquellas constitutivas de delitos de lesa humanidad».
Galli subrayó que a la CPI realizó un trabajo exhaustivo en la materia, sin embargo, se termina por descartar esta primera fase de indagatoria preliminar, pues «si hubiera tenido antecedentes que pudieran haber dado a lugar a una investigación, ésta se hubiera realizado».
Consultado por si esta decisión de la Corte Penal Internacional representaría una «señal de impunidad» hacia el mandatario, Galli afirmó que «es todo lo contrario, lo que da cuenta la comunicación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que en Chile no ocurrieron delitos, no había una política de Estado dedicada a cometer delitos en contra de la ciudadanía, ni por parte de las instituciones policiales ni por parte del Estado de Chile».
Agregó que la CPI también apunta con su decisión a que «Chile tomó las medidas adecuadas en su momento», como permitir que organismos internacionales vinieran a observar lo que estaba ocurriendo, además del desarrollo de comisiones investigadoras en el Congreso y las posteriores acciones penales.
En ese sentido, recordó que Carabineros también «llevó adelante investigaciones propias respecto a su personal», donde más de 190 funcionarios han sido sancionados como consecuencia de haber cometido infracciones durante los meses siguientes del 18 de octubre.
Con todo, el subsecretario destacó que la decisión de la CPI «confirma que las instituciones en nuestro país funcionan, los tribunales de justicia están funcionando y por eso mismo, como Gobierno y el Estado de Chile va a seguir llevando adelante las investigaciones que correspondan para denuncias en nuestro país y serán los tribunales de justicia los que tengan que resolver la responsabilidad por esos hechos».
BORIC LO LAMENTA
La noticia tuvo reacciones entre los aspirantes a La Moneda. Mientras Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) la calificó como «lamentable», el candidato José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) sostuvo que el Presidente Piñera tiene todo el derecho a plantear en todas las instancias que «él no ha cometido ninguna violación de los derechos humanos».
Durante un punto de prensa en una actividad en San Bernardo, Boric sostuvo que «me parece una decisión lamentable. Todos los chilenos y chilenas fueron testigos cómo el Presidente Sebastián Piñera le declaró la guerra a su propio pueblo«.
El candidato frenteamplista comentó que hace algunos días se reunió en Talcahuano con la familia de Manuel Rebolledo, un joven quien «fue asesinado por un vehículo de La Armada, donde hasta el día de hoy no hay justicia, ni verdad ni reparación. La familia de Manuel me decía que no podía creer que quien le declaró la guerra a todos los chilenos, que es el Presidente de la República, sea indiferente a este dolor que ha causado».
Con todo, Boric aseguró que ser respetuoso de las decisiones de la Corte Penal Internacional, sin embargo, remarcó que «insistiremos en todas las instancias que sean pertinentes. Pero también está en juego, el domingo 19 de diciembre, la responsabilidad política sobre las graves violaciones a los derechos humanos«, añadió.
El candidato también recordó el caso de Fabiola Campillai, actual senadora electa por la Región Metropolitana, quien recibió una lacrimógena en su rostro mientras se dirigía a su trabajo en el contexto de las manifestaciones, provocándole la pérdida de la visión.
«Es una mujer que simboliza con su dolor, pero por sobre todo, con su valentía, la causa de los derechos humanos hoy día en Chile; y mientras el candidato del frente, José Antonio Kast, se reúne con quienes le dispararon, nosotros nos juntamos con ella. Estamos del lado de las víctimas, no de los victimarios», zanjó.
En tanto, durante una actividad en el centro de Santiago el candidato José Antonio Kast dijo respetar «todo lo que son las instancias donde se analizan temas de de Derechos Humanos».
No obstante, expresó que «nosotros tenemos la posibilidad de poder contrarrestar algunos planteamientos». «Muchas veces vemos que en el exterior se tiene una imagen distorsionada de lo que ocurre en Chile, es lo que yo pude apreciar en mi viaje a Estados Unidos, donde muchos inversionistas, organizaciones de la sociedad civil como el Diálogo Internacional, tenían una mirada con un prejuicio respecto de lo que ocurría en Chile y de lo que está pasando«, agregó.
Por último, planteó que, a su juicio, «el Presidente tiene todo el derecho a seguir planteando en todas las instancias los argumentos para demostrar que él no ha cometido ninguna violación de los derechos humanos y pedirle a los jueces que actúen con imparcialidad, es lo que pedimos siempre».
PARLAMENTARIOS
En el Parlamento también hubo reacciones de algunos integrantes de las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y el Senado. Mientras desde la oposición también apuntaron a seguir insistiendo en todas las instancias posibles, desde el oficialismo defendieron la inocencia del Mandatario.
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo esta mañana que «esta gran crisis de violación a los derechos humanos que hemos tenido en Chile, es la más grave de la recuperación de la democracia, con sendos informes nacionales e internacionales (…) hay muchas querellas en marcha, muy pocos casos condenados y formalizados, prácticamente ninguno en la cárcel», analizó en Radio Pauta.
En esa línea, indicó que existe «una demanda por justicia, hay consenso en el mundo de los derechos humanos que hoy día estamos más cerca de la impunidad que de la justicia«. Con todo, indicó que cuando se agotan las instancias formales en Chile, procesos que por ahora han sido «lentos», operan las instancias internacionales.
«Lo mismo para perseguir responsabilidad política, porque quienes terminan en tribunales son los mandos que estuvieron en la calle, cometiendo estos delitos, pero no llegan al alto mando ni a la responsabilidad política», afirmó.
En tanto, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Baja dijo a Emol que «no me resulta sorprendente la decisión de la Corte Penal Internacional». Esto, a raíz de que «sin ser abogado, siempre entendí que la Corte Penal Internacional siempre actúa cuando haya ausencia de justicia en el país que corresponde. Y acá entiendo que hay querellas presentadas y aún no hay un pronunciamiento de la justicia, no es que haya ausencia de ésta en Chile», afirmó.
De la misma tienda, la senadora Adriana Muñoz -integrante de la Comisión de DD.HH. del Senado- calificó como «lamentable» la decisión de la CPI frente al requerimiento realizando contra el Presidente Piñera. «Es lamentable, pero tendremos que acatar y respetar esta decisión, pero se seguirá insistiendo en todas las instancias internacionales posibles. Esto, dado que quienes vivimos en Chile y vivimos esos días del 18 de octubre de 2019, conocemos a las personas dañadas y mutiladas por actos de represión excesivos por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país», sostuvo.
Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) afirmó que «esto no hace más que confirmar lo que dijimos siempre, que este era un show comunicacional de ciertos sectores radicales de la izquierda que sabían perfectamente que esto no iba a prosperar, que lo hacen igual para prosperar un punto político».
Por eso, llamó a que «seamos más responsables» en el futuro, puesto que «no se trata solamente del Presidente, sino que se trata del prestigio internacional de Chile, pero parece que eso les importa poco«.
Misma opinión tuvo el diputado Cristóbal Urriticoechea (Partido Republicano) frente a que la decisión demuestra que «no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que muchas de las acusaciones presentadas fueron infundadas, y que se ha respetado el Estado de Derecho en nuestro país«.
Por otra parte, llamó a «dejar que las instituciones libremente realicen su trabajo, y no ponerlas constantemente en jaque como pretende la izquierda«.
Asimismo, dijo «tener dudas» frente a una actuación «espontánea» tras los hechos de violencia ocurridos el 18-O y reafirmó la importancia de que Ministerio Público «encuentre a los responsables del atentado al Metro de Santiago, a los responsables de los delitos que afectaron a miles de familias, emprendedores y Pymes, y que deje al descubierto a quienes organizaron la violencia desatada que vivió nuestro país a partir del 18 de octubre».
Desde Evópoli, el senador Felipe Kast planteó que la decisión de la CPI «es una señal contundente contra aquellos que afirman que existió una política de Estado dedicada a cometer violaciones a los derechos humanos«. «Por el contrario, se hicieron esfuerzos encabezados por el entonces ministro del Interior Gonzalo Blumel y el Gobierno para impedir la violación a los DD.HH. en un momento de brutal violencia y fragilidad en las calles, con las policías completamente sobrepasadas. De hecho fue el mismo Gobierno el que pidió a organismos Internacionales de DD.HH. venir a nuestro país a colaborar en el proceso», recalcó. (Emol)
