A solo seis meses de que finalice el mandato del Presidente Gabriel Boric, la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Municipal genera alerta en alcaldes de todo Chile debido a la falta de claridad en su financiamiento, a pesar de ser una de las pocas normativas con posibilidades de aprobarse antes del término del gobierno.
El proyecto, actualmente en segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad del Senado, busca formalizar el rol de los municipios en materia de seguridad y entregarles mayores herramientas operativas. Sin embargo, tras superar el debate inicial sobre armas no letales, los alcaldes ahora plantean dudas sobre los recursos comprometidos por el Ejecutivo, que consideran claramente insuficientes para cumplir con las obligaciones de la ley.
La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), cuyo presidente Gustavo Alessandri se reunirá con Boric para tratar el tema, estima que mientras el gobierno ofrece 5 mil millones de pesos para tres años, el gasto real necesario superaría los 216 mil millones, basado en la instalación de 55 asociaciones de seguridad de estándar medio-bajo para cubrir los 345 municipios del país.
Ante esta brecha financiera, los municipios proponen recuperar parte del “IVA municipal” (impuesto que pagan al adquirir bienes y servicios pero que no pueden recuperar por no facturar) a través de un Fondo de Seguridad Municipal para financiar la ley. No obstante, el Ejecutivo rechaza esta idea, argumentando que representaría sólo un traslado de recursos existentes y no un ingreso real nuevo, considerando además complicada su implementación.
Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, explicó que el aporte estatal de 5 mil millones de pesos es un monto extraordinario para redistribuir fondos según un índice de vulnerabilidad, destinando apoyos según las necesidades específicas de cada comuna. Asimismo, indicó que la ley no obliga a implementar seguridad municipal, sino que busca reconocer y resguardar legalmente labores que ya realizan muchas municipalidades.
En contraparte, Alessandri exigió mayor transparencia y cuestionó que con un aporte mensual aproximado de 370 mil pesos por municipalidad no se cubren ni los costos básicos de seguros para funcionarios, reclamando un análisis serio de su propuesta financiera.
Además, la subsecretaria recordó que en años recientes se han destinado recursos adicionales a municipios mediante el royalty minero, el Sistema Nacional de Seguridad Municipal y programas como Somos Barrio, orientados a fortalecer la seguridad local.
Consciente de la urgencia, la AChM ha intensificado las gestiones en el Congreso, donde en semanas recientes alcaldes como Daniel Reyes de La Florida han sostenido encuentros con parlamentarios como Iván Moreira (UDI), con compromiso para respaldar armas no letales en los equipos municipales. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también presentó una indicación para permitir su uso, mostrando apoyo transversal a esta medida pese a diferencias internas.
Esta semana se realizará una nueva reunión entre el alcalde Reyes y Vodanovic, reforzando la búsqueda de acuerdos para entregar herramientas concretas y responsables a los municipios y proteger a las personas. (NP-Perplexity-La Tercera)
