El Gobierno afina una propuesta para modificar la legislación sobre responsabilidad penal adolescente, luego del homicidio de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió la semana pasada durante un violento delito cometido por una banda integrada, en parte, por menores de edad. El caso reactivó el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones aplicables a adolescentes involucrados en delitos de alta gravedad.
Los padres de la víctima han solicitado cambios legales que permitan imponer penas efectivas de cárcel a quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupo y otros hechos de extrema violencia, limitando la aplicación de beneficios que reduzcan las condenas.
El Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ya anunciaron que el Ejecutivo respaldará iniciativas orientadas a fortalecer la legislación vigente y sostendrán reuniones con familiares de víctimas de este tipo de delitos para abordar posibles modificaciones al sistema.
La estrategia del Gobierno será presentada por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, quien trabaja en la definición de los cambios que impulsará el Ejecutivo. Entre los aspectos ya resueltos figura utilizar como base un proyecto presentado en 2022 por el actual senador Andrés Longton y otros parlamentarios.
A diferencia de otras propuestas que buscan reducir la edad de responsabilidad penal, la iniciativa de Longton mantiene el actual límite de imputabilidad, pero propone modificar las reglas especiales que actualmente rigen para adolescentes entre 14 y 17 años, con el objetivo de aumentar las penas aplicables en casos de delitos violentos.
El proyecto plantea eliminar mecanismos que permiten rebajar las sanciones durante la determinación de las penas, lo que facilitaría la aplicación de medidas cautelares más gravosas y condenas de mayor duración para quienes sean declarados culpables de delitos de alta connotación.
La iniciativa también propone eliminar el beneficio que permite a quienes fueron condenados como adolescentes recuperar la atenuante de irreprochable conducta anterior al cumplir los 18 años, debido a que la legislación vigente elimina sus antecedentes penales al alcanzar la mayoría de edad.
El senador Andrés Longton sostuvo que el caso de Alejandro Águila evidencia las deficiencias del actual sistema penal adolescente, señalando que menores con antecedentes por delitos violentos continúan accediendo a medidas que les permiten permanecer en libertad pese a su reincidencia.
Durante esta jornada, el subsecretario Gonzalo Guerrero sostuvo reuniones de trabajo con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, para definir la estrategia legislativa del Ejecutivo. La propuesta también será coordinada con el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, debido a que ambas carteras participan en la elaboración de la reforma. (NP-ChatGPT-La Tercera)