El Gobierno ingresará en los próximos días un proyecto de ley corta destinado a introducir ajustes a la Ley de Seguridad Municipal, con el objetivo de facilitar su implementación y evitar dificultades operativas para los municipios antes de su entrada en vigencia.
La normativa, publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero de este año, busca fortalecer el rol de las municipalidades en materia de prevención del delito y seguridad pública, otorgándoles funciones preventivas, colaborativas y complementarias dentro del Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Su entrada en vigor está prevista para el próximo 12 de agosto.
Desde el Ministerio de Seguridad Pública explicaron que, tras un proceso de diálogo con alcaldes y asociaciones de municipalidades iniciado por la exsubsecretaria de Prevención del Delito, María Victoria Quintana, y continuado por el actual subsecretario Gonzalo Guerrero, se detectaron una serie de dificultades que podrían afectar la aplicación de la nueva legislación.
Uno de los principales problemas identificados corresponde a las restricciones presupuestarias que limitan el gasto municipal en personal al 42% de los ingresos propios. Según el Ejecutivo, esta disposición dificultaría la contratación de nuevos funcionarios dedicados a labores de seguridad, pese al aumento de las responsabilidades asignadas a los municipios.
Otro aspecto que preocupa al Gobierno es la exigencia de que los conductores de vehículos de seguridad municipal cuenten con licencia de conducir clase F. La autoridad estima que las municipalidades no dispondrán del tiempo suficiente para capacitar y acreditar a su personal antes de la entrada en vigencia de la ley, lo que podría afectar el funcionamiento de los servicios de seguridad comunal.
Asimismo, el Ejecutivo advirtió que varias disposiciones de la normativa dependen de la dictación de reglamentos que aún no se encuentran plenamente vigentes, situación que podría dificultar la aplicación efectiva de la ley durante sus primeros meses.
Frente a este escenario, el proyecto de ley propondrá excluir del límite de gasto en personal las remuneraciones y asignaciones de los trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo que desempeñen funciones de seguridad municipal. Además, contemplará un plazo adicional para implementar las exigencias relacionadas con la obtención de licencias clase F y la suscripción de convenios de capacitación.
El subsecretario Gonzalo Guerrero señaló que las modificaciones tienen un carácter administrativo y buscan asegurar una implementación ordenada de la normativa, respetando el cronograma establecido por el Congreso. El Ejecutivo espera que la iniciativa sea tramitada con rapidez y quede despachada dentro de las próximas dos semanas.