El Gobierno mantiene conversaciones con parlamentarios para evaluar la presentación de un proyecto que postergue la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, actualmente prevista para el próximo 1 de diciembre.

La alternativa que analiza el Ejecutivo contempla que la nueva Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) comience a funcionar este 1 de diciembre, mientras que las obligaciones contempladas en la ley entren plenamente en vigencia un año después, el 1 de diciembre de 2027.

Sin embargo, el plazo todavía no está cerrado. Si una postergación de 12 meses no consigue suficiente respaldo en el Congreso, el Gobierno podría optar por un período menor.

AGENCIA FISCALIZADORA NO ENTRA EN FUNCIONES AUN

Uno de los principales problemas para implementar la legislación es que la agencia encargada de fiscalizar su cumplimiento aún no está operativa, pese a que, de acuerdo con la propia ley, debía comenzar a funcionar a más tardar el 1 de junio de 2026.

El Gobierno propuso una terna para integrar el consejo de la institución, pero esta fue rechazada por el Senado en mayo. A ello se han sumado dificultades para encontrar candidatos que cumplan los requisitos de dedicación exclusiva, inhabilidades e incompatibilidades contemplados por la normativa.

En paralelo, gremios empresariales han advertido sobre la incertidumbre jurídica que significaría que las nuevas obligaciones comiencen a regir sin que esté funcionando el organismo responsable de supervisarlas.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que el Ejecutivo está evaluando alternativas.

“Si necesitamos más tiempo para implementarlo, lo estamos conversando con los parlamentarios y en los próximos días vamos a tener noticias al respecto”, afirmó.

MULTAS HASTA POR 4% DE LOS INGRESOS

La entrada en vigencia resulta especialmente relevante para las empresas debido al nuevo régimen sancionatorio.

Las multas podrían alcanzar inicialmente montos equivalentes a 5 mil o 20 mil UTM, dependiendo de las infracciones, y aumentar en casos de reincidencia y agravantes. Incluso podrían llegar al 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios de una empresa.

La nueva legislación también reconoce derechos de los titulares de los datos e impone obligaciones tanto a empresas como a organismos públicos respecto del tratamiento de información personal.

CAMBIOS A LA NUEVA AGENCIA

Además de aplazar la vigencia de la ley, La Moneda analiza modificaciones destinadas a facilitar la instalación de la APDP.

Entre las alternativas está aumentar de tres a cinco el número de integrantes de su consejo directivo. El Ejecutivo ya estaría evaluando nombres para esos cargos.

También se estudia mejorar las remuneraciones de los consejeros. Actualmente, la normativa vincula el salario del presidente del consejo al de un subsecretario, mientras los demás integrantes reciben el equivalente al 85% de esa remuneración.

Un informe elaborado en 2025 estimó remuneraciones de aproximadamente $7,1 millones para el presidente y $6 millones para los consejeros, montos considerados inferiores a los de organismos fiscalizadores comparables. La propuesta del informe apuntaba a elevarlos a $13,5 millones y $12 millones, respectivamente.

MATÍAS WALKER RECHAZA POSTERGAR LA LEY

La posibilidad de aplazamiento ya enfrenta resistencia en el Congreso.

El senador Matías Walker (Demócratas) calificó como “completamente inaceptable” que los problemas para alcanzar acuerdos políticos sobre la integración de la agencia terminen retrasando una legislación que el propio Parlamento aprobó después de una extensa tramitación.

“Yo no voy a ser parte de una negligencia en la aplicación de una ley que nosotros mismos aprobamos”, sostuvo.

La definición debería producirse en los próximos días. Los ministros José García Ruminot, de la Secretaría General de la Presidencia, y Daniel Mas tienen pendiente una reunión para resolver el diseño definitivo. Preliminarmente, el Ejecutivo pretende presentar el proyecto la próxima semana. (NP-ChatGPT-La Tercera)