Entre octubre y noviembre del año pasado, en medio de la tramitación de la Ley de Presupuesto para 2016, el ítem “gastos reservados” de la glosa de Presidencia fue un tema polémico en el Congreso.
El gobierno pedía que se le aprobaran $1.669 millones para el presente año ($139 millones mensuales o $4.5 millones diarios) y la subcomisión de presupuesto de la Cámara, en protesta por no conocer en qué materias específicas se gastaría esa plata, aprobó sólo mil pesos.
“Uno comprende que en ciertos ministerios y actividades hay gastos reservados. Lo más claro es la inteligencia militar, donde las materias no pueden ser públicas. Pero al otro extremo estamos los parlamentarios que aprobamos un presupuesto. Y si voy a aprobar un gasto de miles de millones, a fardo cerrado, sin saber lo que voy a votar, me resisto a aquello”, decía el diputado Pablo Lorenzini, quien solicitaba que se revelaran los destinos de esos recursos al menos en una “sesión secreta”.
Lo que pedía el parlamentario DC nunca ocurrió y, finalmente, en comisión mixta, el Congreso terminó aprobando a ciegas los $1.669 millones que pedía el Ejecutivo, dinero que es administrado exclusivamente por la Presidenta Michelle Bachelet y por el cuestionado director de administración de La Moneda, Cristián Riquelme, quien está en el ojo del huracán por los casos Caval, SQM y por haber asignado licitaciones a dedo a empresas que trabajaron en la campaña de la Presidenta (ver notas al final).
Si bien parlamentarios de la oposición y los timoneles de los partidos de la Nueva Mayoría –con excepción del PPD, tienda donde milita Riquelme- han pedido a la Mandataria que lo destituya por su sensible situación, Bachelet no ha dado señales públicas al respecto. Al contrario, en La Moneda varios han escuchado a Riquelme decir en las últimas semanas que goza de toda la confianza de la jefa de Estado y que ésta lo habría ratificado en su cargo a pesar del “fuego amigo” que la situación le estaría causando a su gobierno.
$4.500.000 DIARIOS
La mayoría de las fuentes consultadas que trabajan o han trabajado en la Presidencia desconocen la respuesta a esta pregunta. Y los que saben, dicen que es un secreto de Estado que no pueden revelar.
Respecto de los destinos de esos dineros se ha especulado por años y en todos los gobiernos. Se dice que con eso se pagan los gastos personales del Presidente en ejercicio, cuentas, arriendos de casas, regalos de matrimonio, etc.
Y si bien en el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos se supo que se utilizaban para pagar sobresueldos a ministros, pocos días después de destapado el caso, en enero de 2003, se promulgó la Ley 19.863, que en su artículo 6° estipula que “los gastos reservados sólo podrán emplearse en los fines propios de las actividades respectivas. Con cargo a éstos no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos. Del mismo modo, no podrán efectuarse transferencias de recursos provenientes de gastos reservados para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales”.
Pero como el destino de los dineros que manejan Bachelet y Riquelme es “reservado”, es imposible fiscalizar en qué se gasta realmente. De hecho, la misma Ley 19.863 estipula en su artículo 4° que Presidencia sólo debe rendir una vez al año los gastos ante Contraloría, pero “en forma genérica y secreta” y adjuntando una declaración jurada que acredite que se ha dado buen uso a los recursos y que no se esté violando ni una coma del artículo 6º.
RAZONES DEL BLINDAJE
El abogado querellante del Caso Caval, Mario Zumelzu, explica que si bien puede que el actuar de Riquelme no sea delictivo, es altamente imprudente y revela el conocimiento que tenía La Moneda de los negocios de Caval, con anterioridad a que esto se supiera públicamente.
“Yo comparto la opinión de los diputados de que Riquelme debiera salir de la Moneda, por haber sido a lo menos negligente e imprudente. Si no sale Riquelme, hay que preguntarse qué es lo que sabe Riquelme que no es conveniente sacarlo de su cargo. Es un tema más que jurídico, es un tema político”, afirmó.
Por su parte, el sociólogo y analista político Alberto Mayol piensa que el blindaje realizado por la Presidenta a Riquelme radica en dos aspectos centrales: uno político y uno de tipo más personal. En cuanto al segundo, “Riquelme es un tipo al que si ella debilita, puede entrar en un proceso de causas judiciales y el poder sí importa a la hora de las causas judiciales. Hay una barrera de contención que tiene cierta profundidad, cierto tamaño. Si ella llegara a sacarlo podría poner en riesgo lo que, dentro de todas las cosas, ella ha querido proteger: su hijo”.
Desde el punto de vista político, para Mayol resultan, aunque complejas, más o menos evidentes: “Para Michelle Bachelet, dejar caer a Riquelme y a Ana Lya Uriarte es muy complicado porque ella ya cometió el error de dejar caer a su equipo más cercano y traer gente de otros sectores para calmarlos. La evidencia del error es que esos sectores mostraron los colmillos. Ella ya se dio cuenta con su gabinete anterior, que lo que hizo fue realmente invitar dentro de su habitación al enemigo. Objetivamente, tres de los cuatro ministros más importantes del gabinete están en contra de las reformas, por citar un ejemplo”, sostuvo el analista, recordando que la jefa de gabinete de la mandataria también fue aludida por Natalia Compagnon en su declaración judicial.
Finalmente, el sociólogo explicó que a su juicio el conflicto de la Presidenta entrama un asunto de poder: “Frente a ese escenario ella entiende que sacar a Uriarte, algo que sería súper razonable desde muchos puntos de vista, significaría quedar completamente vacía de poder”.
El próximo viernes 29 de enero Natalia Compagnon será formalizada, junto a otros cinco imputados, luego de que el Juzgado de Garantía de Rancagua acogiera la petición de la Fiscalía. La orden del ente persecutor se emitió luego que el Servicio de Impuestos Internos se querellara en contra de la propia Compagnon, así como contra Mauricio Valero y el síndico Herman Chadwick, por presuntos delitos tributarios.
