El rechazo del Tribunal Constitucional (TC) al requerimiento presentado por el Gobierno contra la norma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe generó preocupación entre empresas de los sectores afectados. Empresas Gasco cuestionó la decisión y advirtió sobre eventuales riesgos para la seguridad derivados de la aplicación de la medida.

El pleno del TC resolvió por nueve votos contra uno rechazar la presentación del Ejecutivo contra el artículo 31 del proyecto de reconstrucción. La disposición establece obligaciones para las compañías concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas.

La norma dispone que las empresas deberán reconectar de manera gratuita y sin exigir previamente el pago de deudas a los clientes residenciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas sometidas a estado de catástrofe.

La reconexión deberá efectuarse incluso cuando los usuarios mantengan cuentas pendientes y establece un plazo máximo de 48 horas para restablecer el suministro.

El gerente general de Empresas Gasco, Cristián Aguirre, manifestó mediante una carta publicada en El Mercurio el rechazo de la compañía a la resolución del Tribunal Constitucional y afirmó que la empresa lamenta profundamente la determinación adoptada.

El ejecutivo centró sus reparos en las condiciones de seguridad necesarias antes de restablecer el suministro de gas después de una catástrofe. A su juicio, establecer un mismo plazo para todos los casos no permite considerar adecuadamente el estado en que pueden encontrarse las instalaciones afectadas.

Aguirre explicó que antes de restablecer el flujo de gas resulta necesario verificar que no existan fugas o daños en la red, además de inspeccionar los medidores y, cuando corresponda, las instalaciones de los inmuebles.

El gerente general sostuvo que la preocupación resulta particularmente relevante para Gasco debido a su operación como distribuidora de gas por redes en la Región de Magallanes. En ese contexto, lamentó que, a juicio de la compañía, el fallo no haya considerado suficientemente criterios técnicos orientados a proteger tanto a trabajadores como a clientes.

Según Aguirre, la aplicación de la disposición podría significar un retroceso respecto de los estándares de seguridad y calidad de servicio desarrollados durante años por la industria de distribución de gas por redes en Chile.

La empresa manifestó además su disposición a trabajar con el Gobierno y otras instituciones para buscar modificaciones que permitan subsanar los problemas que identifica en la normativa.

El ejecutivo cuestionó también la coherencia de la disposición con los objetivos generales del proyecto en que fue incorporada. La iniciativa busca favorecer la reconstrucción y recuperación de la actividad económica en territorios afectados por catástrofes, mientras que, según Gasco, la obligación establecida en el artículo podría generar efectos contrarios a ese propósito.

El fallo del Tribunal Constitucional deja así vigente una norma que busca garantizar el rápido restablecimiento de servicios esenciales para familias y pequeñas empresas afectadas por una catástrofe, pero que enfrenta cuestionamientos empresariales respecto de sus plazos, costos y condiciones técnicas de implementación. (NP-ChatGPT-Emol)