La diputada Gael Yeomans, candidata a la presidencia del Frente Amplio (FA), volvió a instalar en el debate la propuesta de congelar los precios de los arriendos en Chile, en el marco de la elección interna de la colectividad. La parlamentaria planteó la iniciativa a través de su cuenta en X, señalando que experiencias como la que comenzará a aplicarse en Nueva York demuestran que es posible avanzar en medidas destinadas a aliviar el costo de vida de los arrendatarios.
Yeomans sostuvo que el Frente Amplio debe impulsar propuestas concretas de corto plazo y afirmó que, al igual que ocurrió con iniciativas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, las medidas de apoyo a los trabajadores suelen ser calificadas inicialmente como inviables. A su juicio, el mercado inmobiliario presenta distorsiones que mantienen altos los valores de los arriendos, pese al sobrestock de viviendas, situación que, afirmó, afecta tanto a propietarios con créditos hipotecarios en UF como a quienes destinan una parte importante de sus ingresos al pago de un arriendo.
La parlamentaria planteó que el Estado debe promover una política habitacional más equitativa y abrir un debate sobre mecanismos que permitan enfrentar el alza sostenida de los precios de las viviendas en arriendo.
La propuesta encuentra antecedentes en experiencias internacionales. En Nueva York, el Consejo de Regulación de Alquileres resolvió congelar desde octubre los valores de cerca de un millón de viviendas reguladas, medida que beneficiará aproximadamente al 40% de los departamentos sujetos a este régimen en la ciudad.
En Alemania también se han aplicado mecanismos de control de arriendos. La legislación limita el valor de nuevos contratos en determinadas zonas de alta demanda y restringe los aumentos en contratos vigentes. Sin embargo, un intento del estado de Berlín por congelar los precios fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Federal en 2021, mientras diversos análisis apuntaron a una disminución de la oferta de viviendas y al incremento de los valores fuera del mercado regulado.
España también debatió una política similar tras el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de establecer un congelamiento temporal de los arriendos y límites a sus reajustes. La propuesta enfrentó resistencia política y críticas de asociaciones de propietarios, que advirtieron sobre los efectos económicos de la medida.
El congelamiento de los arriendos ya había sido impulsado anteriormente por parlamentarios del Frente Amplio durante la discusión de iniciativas vinculadas a la reconstrucción. Entre las propuestas presentadas por los senadores Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez figuraba mantener sin alzas el valor nominal de los arriendos por un período de cinco años y establecer valores máximos por metro cuadrado según la zona y el tipo de inmueble.
La iniciativa recibió cuestionamientos desde el sector inmobiliario. El vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, afirmó que el control de precios reduce los incentivos para invertir en viviendas destinadas al arriendo, disminuye la oferta disponible y deteriora la calidad de los inmuebles. Además, sostuvo que este tipo de regulaciones favorece la aparición de mercados informales y termina perjudicando a los propios arrendatarios.
La propuesta también generó críticas desde distintos sectores políticos. El diputado del Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi, advirtió que este tipo de medidas podría afectar el ahorro y la inversión de pequeños propietarios. En la misma línea, el diputado republicano Agustín Romero sostuvo que congelar los arriendos no aumenta la oferta habitacional y desincentiva nuevas inversiones.
Por su parte, el diputado Héctor Ulloa (PPD) señaló que, aunque la propuesta puede resultar atractiva, en la práctica podría reducir la cantidad de viviendas disponibles para arriendo y afectar su mantenimiento, además de incentivar la aparición de mercados paralelos que terminarían perjudicando a quienes buscan acceder a una vivienda.
