La Fundación Hijos y Madres del Silencio manifestó su rechazo al cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), decisión adoptada por la Subsecretaría de Derechos Humanos apenas cuatro meses después de la creación de esta instancia especializada.

La organización expresó su preocupación porque la medida coincide con la publicación del informe final del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega, documento de más de 750 páginas que analiza el caso chileno y concluye que entre 1985 y 2016 un total de 314 niños y niñas fueron enviados desde Chile a ese país, en su mayoría recién nacidos y de origen mapuche.

Según la fundación, el informe sostiene que las autoridades noruegas no debieron autorizar estos procesos de adopción mientras Chile se encontraba bajo la dictadura militar, y documenta antecedentes que describen presuntas irregularidades en los procedimientos judiciales y administrativos utilizados para declarar a menores en condición de adopción internacional.

La organización afirmó que el informe recoge patrones denunciados durante años por madres biológicas, quienes relataron haber sido informadas de la supuesta muerte de sus hijos al momento del parto, sin recibir posteriormente cuerpos ni certificados de defunción que acreditaran esos fallecimientos.

Asimismo, el documento da cuenta de un presunto conflicto de interés relacionado con el representante legal que gestionaba adopciones hacia Noruega, quien habría otorgado un préstamo personal a una jueza que resolvía procesos de adopción, situación que el comité investigador calificó como un eventual riesgo de corrupción.

La Fundación Hijos y Madres del Silencio sostuvo que la creación de la UBAFI respondía a un mandato establecido en la Ley de Reajuste del Sector Público de 2026, que encomendó a la Subsecretaría de Derechos Humanos realizar investigaciones administrativas, brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a personas afectadas por adopciones ilegales o irregulares.

La entidad advirtió que la eliminación de la unidad deja al Estado sin el equipo técnico necesario para cumplir esas funciones, luego de que la resolución que dispuso su cierre también pusiera término a los contratos de los tres profesionales que integraban el equipo.

Frente a este escenario, la fundación solicitó al Gobierno restablecer la unidad especializada, implementar el Banco de Huellas Genéticas comprometido para facilitar la búsqueda de orígenes familiares, explicar públicamente las razones del cierre y revisar los casos de adopciones internacionales hacia Noruega considerando los antecedentes contenidos en el informe elaborado por ese país.