Este lunes, cerca de 50 minutos sesionó la Comisión Especial Investigadora por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Instancia marcada por la ausencia de funcionarios de Bienes Nacionales, quienes no se presentaron pese a estar citados.
Si bien el ministro de la cartera, Francisco Figueroa, se excusó por motivos familiares debido al inminente nacimiento de su hijo; parlamentarios acusan que el resto de personeros simplemente no se presentaron, provocando que el presidente de la instancia, Andrés Longton (RN) -a solicitud de la diputada Paula Labra (Ind-RN)- enviara los antecedentes a la Contraloría “para que sean sancionados en razón de su inasistencia”.
“Los funcionarios citados que participaron en esta operación no tenían ninguna excusa, porque no pueden andar guiados, coachings o dirigidos por otra persona”, acusó Longton, agregando que con su ausencia terminan “obstruyendo las investigaciones, sobre todo a raíz de las inaceptables declaraciones de la Jefa Jurídica (de la Segpres) que sorprendentemente sigue en funciones, la señora Francisca Moya”.
Recordemos que Moya reconoció que no hizo la advertencia de la inhabilidad para concretar la ejecución de la compra de la casa, pese a estar en conocimiento de la restricción, aludiendo a que no era su atribución.
En ese sentido, Longton insistió que “eran determinantes las declaraciones que podían dar los funcionarios citados acá en la comisión investigadora y que lamentablemente terminan retrasando esta investigación”.
LA MOLESTIA DE LABRA
Labra, por su parte, arremetió contra los funcionarios afirmando que “esto no es una citación institucional. Ya no estamos en el jardín infantil y no se necesita la supervisión del ministro que tenía, por supuesto, una excusa muy atendible. (…) Pero los funcionarios públicos tenían la responsabilidad y el deber de asistir”.
La legisladora agregó que se seguirán trabajando “hasta determinar las últimas responsabilidades políticas del escándalo político más grande del último tiempo (…) por lo que se ha reagendado (a los funcionarios citados) para que podamos tener las versiones y toda la información necesaria desde el Ministerio de Bienes Nacionales”.
“El gobierno, al parecer, está estableciendo una política (…) de enfrentar esto de manera institucional sin permitir que funcionarios asistan de manera independiente, lo que es algo que ocurre normalmente, para tener, a mi juicio, cierta supervisión de los ministros más cercanos al Presidente Boric. Y hemos visto también que se ha intentado una suerte de repetir la presentación que se hizo en Contraloría que fue totalmente atendible, pero en este caso creo que ya no aplica esa fórmula”, concluyó.
TRABAJO EN LA COMISIÓN
Respecto a las próximas sesiones, Longton adelantó que la ex jefa jurídica de BB.NN que participó en el proceso de la fallida compra de la casa del expresidente Allende, Macarena Díez, “ya confirmó que va a venir. Tenemos que reagendar la fecha porque también tuvo un problema de salud (…) no teniendo la obligación, manifestó su disposición. Lo mismo la exministra Marcela Sandoval, que está invitada y ya confirmó para el próximo día lunes (21)”.
Finalmente, el diputado reveló que se enviará un cuestionario al Presidente Gabriel Boric, como se hizo en su momento en la CEI del exsubsecretario Manuel Monsalve, y que los diputados integrantes tendrán hasta el lunes próximo para enviar sus preguntas.
“Esperamos que el Presidente de la República conteste este cuestionario, sobre todo considerando las contradicciones públicas evidentes que hay respecto a lo que ocurrió. Particularmente creemos, algunos de nosotros, que es para proteger a algunos funcionarios y eventualmente al Presidente de la República”, cerró.
TRASFONDO
Durante la mañana de este lunes fracasó la sesión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las responsabilidades políticas en la fallida compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja.
- Esto, debido a que el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa (FA), se excusó de asistir debido a que está acompañando a su esposa en el trabajo de parto de su segunda hija.
- Sin embargo, el ministerio bajo el mismo argumento -vale decir, que el secretario de Estado estaba junto a su esposa momentos antes del parto- también excusó la asistencia de otros dos funcionarios de la cartera citados a la comisión.
- Se trata del jefe de División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, y de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, Carol Castro.
- La inasistencia generó duros reproches de los parlamentarios de oposición, quienes señalaron que si bien la ausencia del ministro se encuentra justificada, no así la de los funcionarios, ya que estos participaron directamente en la compra de la propiedad.
- Los diputados recordaron que los funcionarios públicos tienen la obligación legal de asistir a una comisión investigadora y el presidente de la instancia Arturo Longton (RN) envió un oficio a Contraloría para que aplique las multas y sanciones correspondientes.
- Los funcionarios serán citados nuevamente para el 21 de abril.
Testimonio clave. Mientras a Carol Castro le tocó firmar la compraventa el 30 de diciembre -había asumido el cargo 11 días antes-, el abogado Pablo Maino, cumplió un rol clave en 2024 en todo el proceso de compra de la propiedad.
- A la División de Bienes Nacionales, que dirige, le corresponde estudiar y proponer las normas relacionadas con la adquisición y administración de bienes fiscales, así como la validación de los estudios de título y tasaciones de casa de Allende.
- Él habría recibido advertencias de parte del funcionario del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, José Cortés, sobre los inconvenientes de adquirir esa propiedad debido a que entre sus propietarios figuraban la entonces senadora Isabel Allende y la exministra Maya Fernández.
- Maino en su declaración como testigo en Fiscalía ha negado haber recibido advertencias.
- En esa instancia señaló que tuvo varias conversaciones con Felipe Vio, abogado de la familia Allende (y yerno de Isabel Allende) quien en octubre de 2024 le manifestó su disconformidad con el precio de compra establecido por el Ministerio de Bienes Nacionales de $828 millones.
- Tras un reclamo formal, la unidad de tasación -que depende de la División a cargo de Maino- realizó un nuevo informe estableciendo el valor en $922 millones.
- También acordó con Vio la redacción de la escritura de compraventa.
- El funcionario fue quien, según su propio testimonio ante Fiscalía, el 30 de diciembre de 2024 trasladó personalmente a notaría los 4 cheques a nombre de los propietarios del inmueble: Isabel Allende, Carmen Allende, Maya Fernández y Alejandro Fernández.
- Ese mismo día en la tarde recibió un llamado del gabinete del Ministerio de Bienes Nacionales pidiendo cambiar la modalidad de pago de los 4 cheques a un solo cheque a nombre de Felipe Vio. “Desconozco los motivos de esa solicitud, debido a ese cambio se solicita modificar la cláusula quinta de la escritura y las instrucciones en la medida que se debían cambiar los cheques”, declaró.
El rol de Francisca Moya. En su declaración judicial, Maino señala que el 3 de enero de 2025, una vez que las inhabilidades en la compra de la casa de Allende se hicieron públicas, se citó a una reunión urgente en La Moneda.
- “A las 10 am asistí a una reunión en el Palacio de La Moneda con Leonardo Moreno, Bernardita Nazar, Francisca Moya, Macarena Diez, el subsecretario de Bienes Nacionales, en ella Moreno nos señaló que ese no era el momento de buscar culpables, sino más bien de evaluar soluciones”.
- “Recuerdo también que Francisca Moya nos consultó si el Decreto Supremo que autorizaba la compra estaba sin identificar a quienes eran sus propietarios, a lo que Macarena Diez (exjefa jurídica de Bienes Nacionales) señaló que sí estaban identificados en el decreto”.
- La semana pasada en la comisión investigadora de la Cámara, Moya como jefa jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cargo de revisar la legalidad de los decretos presidenciales, sorprendió al declarar que ella y su equipo sabían que el decreto 38 que el Presidente Boric firmó el 28 de noviembre de 2024 para la compraventa podía ser inconstitucional.
- Moya no respondió si le informó o no de esta inhabilidad a Boric y por qué no encendió las alertas antes que estallara el caso.
- La abogada es considerada el último eslabón en la cadena de errores que llevó a la fallida compra de la casa presidencial, un proyecto impulsado por el propio Mandatario y que le costó el cargo tanto a la exministra Fernández como a la exsenadora Allende.
- Lo que más llama la atención es que la abogada cometió un error por donde se le mire y que, pese a ello, ha recibido un fuerte respaldo del gobierno. Su declaración es probablemente la más compleja para Boric, ya que, al revés de otros testigos que señalan haber mencionado a asesores presidenciales de sus dudas sobre la legalidad del decreto, Moya fue quien habló directamente con el mandatario.
- Por el caso, en cambio, han dejado sus cargos dos ministras (Maya Fernández y Marcela Sandoval), el jefe de política públicas del Segundo Piso Leonardo Moreno, la asesora de éste Bernardita Nazar. Macarena Diez fue trasladada de funciones.
Se mantienen en sus puestos. Hasta el momento Pablo Maino y Francisca Moya se mantienen en sus puestos. En su declaración ante Fiscalía, Moya respondió en términos generales que funcionarios de su equipo en Segpres revisaron al decreto y que ella los llevó para que los firmara Boric. “No recuerdo que el Presidente me haya hecho algún alcance respecto de estos decretos en la sesión de la firma”, dijo. (Bio Bio Ex Ante)
