Una grave crisis institucional afecta a la Municipalidad de Coihueco tras la presentación de una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán. La acción judicial apunta directamente al alcalde Wilson Palma y al funcionario Sebastián Muñoz Montecinos, denunciando una trama de acoso sexual, presiones laborales y represalias contra una profesional del Departamento de Salud Municipal (Desamu). Según el escrito, los hechos habrían comenzado incluso antes de que la víctima asumiera formalmente sus funciones.

La denunciante relata que, tras aceptar la oferta de trabajo, el jefe comunal inició el envío de mensajes insistentes por WhatsApp con comentarios personales e invitaciones fuera del contexto profesional. Una vez instalada en su cargo, la situación se habría intensificado con insinuaciones directas, cuestionamientos sobre su vestimenta y un control asfixiante sobre su vida privada. Al rechazar estas conductas, la profesional asegura haber sido blanco de una estrategia de hostigamiento que incluyó cambios arbitrarios de funciones y la creación de un ambiente laboral hostil.

El documento presentado ante el tribunal de Chillán detalla diversas conductas que configurarían la vulneración de derechos:

  • Acoso Sexual: Mensajes de carácter personal, invitaciones reiteradas y comentarios insinuantes por parte del alcalde Palma.
  • Hostigamiento Laboral: Acciones coordinadas para dificultar el desempeño de la funcionaria, donde también se vincula a Sebastián Muñoz Montecinos.
  • Represalias: Cambios en las condiciones de trabajo y aislamiento profesional tras la negativa de la víctima a acceder a las presiones de carácter sexual.
  • Vulneración de la Intimidad: Cuestionamientos constantes sobre la apariencia física y la vida personal de la trabajadora.

Hasta el momento, Wilson Palma no ha emitido declaraciones oficiales respecto a la demanda que pesa en su contra. Este caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión municipal en la región, en un contexto nacional de mayor rigor judicial ante denuncias de acoso en el sector público tras la entrada en vigencia de la Ley Karin. El tribunal deberá ahora determinar la veracidad de los hechos y las posibles indemnizaciones o medidas reparatorias para la funcionaria afectada. (NP-Gemini-Bio Bio)

Este artículo describe un proceso judicial en curso

Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)