La columna del 24 de enero, “Con todos, la Constitución de todos”, del presidente de la CPC y de los presidentes de las seis ramas, informa la postura de estas importantes organizaciones empresariales ante el proceso constituyente. Mencionan diversos temas referidos a su función propia y a otros que son de interés general del país, como “garantizar a todos el acceso a alimentos”.
Además, informan que están tomando iniciativas para que sus demandas se recojan en la Carta Fundamental “proponiendo contenidos a través de Iniciativas Populares de Norma que fomentan los valores de la libertad, el emprendimiento, la protección del medio ambiente, la democracia robusta y el progreso para todos”.
Estos principios son fundamentales en una democracia moderna y están en el corazón de la “Constitución económica” de una economía social de mercado, como la definieron los alemanes desde mediados del siglo pasado.
Sin embargo, llama la atención el silencio hacia un principio fundamental: la valoración de la función social de la propiedad. Este es un principio consagrado en diversas constituciones del siglo XX, incluyendo nuestra Carta Fundamental de 1925 (art. 10 Nr. 10).
Fue establecido por la Ley Fundamental alemana de 1949 en su art.14, inc. 2º, y por la Constitución española de 1978, en su art. 33. Los constituyentes españoles expandieron este principio en el título VII (“Economía y Hacienda”), estableciendo que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Esta última disposición tiene que ver con la legislación tributaria y el financiamiento de las actividades del Estado.
Ahora que la Convención Constitucional inicia el debate sobre los artículos de la nueva Constitución, los gremios patronales podrían apoyar el reconocimiento a la función social de la propiedad, que pertenece a nuestra tradición constitucional, y el principio de que la riqueza debiera estar “subordinada al interés general”. (El Mercurio Cartas)
Carlos Huneeus
