La bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio presentó cuatro oficios de fiscalización ante distintos organismos públicos por eventuales conflictos de interés del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, relacionados con la tramitación ambiental de proyectos de inversión.

Los requerimientos fueron dirigidos a la Contraloría General de la República, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el Ministerio de Hacienda. La acción se suma a la presentación de una Comisión Especial Investigadora destinada a revisar los antecedentes que involucran al secretario de Estado.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Ignacio Achurra y Jaime Bassa, junto con la diputada Constanza Schonhaut, a partir de antecedentes publicados por CIPER sobre un mecanismo implementado desde Hacienda para realizar seguimiento y acelerar la tramitación ambiental de determinados proyectos de inversión.

Uno de los principales puntos que los parlamentarios buscan esclarecer corresponde al funcionamiento del denominado Comité de Proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instancia coordinada por Hacienda e integrada por las subsecretarías de esa cartera, Economía, Interior y Medio Ambiente.

Achurra solicitó a la Contraloría determinar la legalidad de la creación y funcionamiento de dicho comité. El diputado afirmó que la instancia habría sido constituida sin una base legal específica y cuestionó que no existan actas públicas sobre sus actuaciones.

Según los antecedentes planteados por la bancada, el comité no tendría competencias ambientales propias y tampoco dispondría de informes públicos ni criterios formalizados para establecer qué iniciativas reciben prioridad durante su tramitación.

Los diputados sostienen además que dos proyectos recientemente aprobados tendrían vínculos con familiares del ministro Quiroz y que durante su evaluación existieron reparos técnicos formulados por Sernageomin. A partir de estos antecedentes, buscan establecer si correspondía que el titular de Hacienda se abstuviera de intervenir en decisiones relacionadas con esas iniciativas.

Entre la información solicitada figura el instrumento formal mediante el cual se constituyó el comité, además de la nómina completa de proyectos que han sido analizados o priorizados desde el 11 de marzo.

Los parlamentarios también requirieron conocer los criterios utilizados para seleccionar esas iniciativas, las actas y comunicaciones de las sesiones del comité y las eventuales instrucciones entregadas a organismos públicos con competencias sectoriales.

Asimismo, solicitaron las resoluciones de calificación ambiental involucradas, los antecedentes de las respectivas sesiones y la fundamentación técnica y jurídica utilizada para no incorporar determinados pronunciamientos formulados por Sernageomin.

En el requerimiento dirigido a la Contraloría, la bancada pidió específicamente que el organismo fiscalizador determine si la creación y operación del comité se ajustan a la legalidad y si existía un deber de abstención por parte del ministro Quiroz ante posibles conflictos de interés.

Los legisladores también solicitaron revisar la veracidad, integridad y oportunidad de la Declaración de Intereses y Patrimonio del secretario de Estado. Según los antecedentes expuestos por el Frente Amplio, el documento habría presentado omisiones y posteriormente fue rectificado el 10 de julio de 2026.

La ofensiva fiscalizadora busca ahora que los organismos requeridos entreguen los antecedentes administrativos y técnicos que permitan determinar cómo operó el mecanismo de seguimiento de proyectos y establecer si existieron irregularidades o eventuales conflictos de interés. Hasta ahora, los cuestionamientos corresponden a planteamientos formulados por los parlamentarios y deberán ser examinados por las instituciones competentes. (NP-ChatGPT-La Tercera)