La Fiscalía de Alto Hospicio formalizó a diez personas por su presunta participación en una organización dedicada a la obtención y venta fraudulenta de licencias de conducir, en una investigación desarrollada en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI).

Los imputados enfrentan cargos por asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos y obtención y falsificación de licencias de conducir. Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, la organización ofrecía estos documentos a cambio de pagos que fluctuaban entre los 600 mil y un millón de pesos.

El fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, informó que el proceso de control de detención, formalización y discusión de medidas cautelares se extendió durante tres jornadas en el Juzgado de Garantía de la comuna, instancia en la que el tribunal dio por acreditados los delitos expuestos por la Fiscalía para la mayoría de los imputados.

La investigación, desarrollada junto a las brigadas Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, estableció que la organización operaba desde 2022 y era liderada por una imputada identificada con las iniciales N.X.V.A., quien habría actuado junto a su cónyuge, su hija y su hijo.

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo entregaba beneficios económicos a funcionarios de la Dirección de Tránsito para facilitar la tramitación, aprobación y entrega de licencias de conducir a personas que no cumplían con los requisitos legales exigidos por la normativa vigente.

La indagatoria también determinó que la presunta líder coordinaba acciones con una trabajadora de una escuela de conductores de Iquique para obtener certificados de aprobación de cursos de conducción, permitiendo que terceros accedieran a licencias profesionales sin realizar las pruebas teóricas, prácticas o los cursos obligatorios. En algunos casos también se habrían utilizado certificados de residencia falsificados y se habrían omitido los plazos legales del procedimiento.

Como medida cautelar, el tribunal decretó prisión preventiva para ocho de los imputados, entre ellos la presunta cabecilla de la organización, integrantes de su familia y funcionarios públicos involucrados en la investigación. Dos de esas medidas fueron impuestas por peligro de fuga, fijándose cauciones económicas para ambos casos, mientras que otro funcionario quedó sujeto a arresto domiciliario total.

El Ministerio Público apeló verbalmente respecto de estos tres últimos imputados, por lo que será la Corte de Apelaciones la encargada de resolver su situación procesal definitiva. La trabajadora de la escuela de conductores también quedó con arresto domiciliario total, conforme a lo solicitado por la Fiscalía.

El fiscal Arriaza indicó que la investigación continúa en desarrollo y que aún resta determinar el monto total defraudado y las ganancias obtenidas por la organización. Hasta ahora, el Ministerio Público ha logrado el congelamiento de más de 50 cuentas bancarias como parte de las diligencias patrimoniales realizadas junto a la PDI. (NP-ChatGPT-La Tercera)