La agencia clasificadora Fitch Ratings advirtió que un incremento sostenido de la deuda pública por sobre el umbral de 45% del Producto Interno Bruto (PIB) podría generar presiones sobre la actual clasificación crediticia de Chile, aunque aclaró que ese nivel no constituye por sí solo un factor automático para una rebaja de la nota soberana.

Durante la conferencia Fitch on Chile, el codirector de Calificaciones Soberanas para América de la agencia, Todd Martínez, analizó el escenario fiscal del país y expresó cautela respecto de la capacidad del Gobierno para cumplir sus objetivos de consolidación de las cuentas públicas.

Al cierre del segundo trimestre, la deuda bruta del Gobierno Central alcanzó el 43,1% del PIB, acercándose al límite prudencial de 45% establecido por la política fiscal chilena como referencia para resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Martínez señaló que los actuales precios internacionales del cobre y del litio podrían favorecer los ingresos fiscales y mejorar el déficit efectivo durante los próximos años. Sin embargo, manifestó dudas respecto de que el Ejecutivo logre cumplir plenamente sus metas de balance estructural, debido tanto al impacto de las nuevas medidas tributarias como a las presiones permanentes sobre el gasto público.

El analista sostuvo que la reciente Ley de Reconstrucción Nacional incorpora modificaciones tributarias cuyo efecto fiscal directo equivale aproximadamente al 0,5% del PIB. Añadió que Fitch observa con cautela aquellas reformas que proyectan financiar su costo mediante mayores tasas de crecimiento económico, ya que históricamente ese tipo de estimaciones suele presentar elevados niveles de incertidumbre.

Asimismo, expresó interrogantes sobre la viabilidad del compromiso gubernamental de reducir el gasto público en alrededor de US$6.000 millones, especialmente respecto de si esos ajustes podrán consolidarse de manera permanente o responderán únicamente a medidas transitorias.

Martínez advirtió además que Chile enfrenta desafíos estructurales que continuarán ejerciendo presión sobre las finanzas públicas, entre ellos el envejecimiento de la población y el aumento de las demandas por mayores prestaciones sociales, factores que tienden a incrementar el gasto del Estado en áreas como salud, pensiones y protección social.

Pese a esas advertencias, el representante de Fitch valoró que el Gobierno mantenga una estrategia orientada a controlar gastos extraordinarios y avanzar en una consolidación fiscal gradual. A su juicio, una combinación de mayores ingresos derivados de mejores precios de las materias primas y una política de disciplina presupuestaria podría contribuir a estabilizar la deuda pública durante los próximos años.

Respecto de la clasificación soberana, Martínez explicó que Chile conserva actualmente la nota A-, una de las más altas de América Latina, reflejo de su historial de estabilidad macroeconómica, fortaleza institucional y acceso a los mercados internacionales de financiamiento.

No obstante, precisó que el margen disponible para continuar aumentando el endeudamiento sin afectar esa evaluación es limitado. Si la deuda pública superara de forma persistente el 45% del PIB y mantuviera una trayectoria ascendente, ello podría motivar una revisión negativa de la clasificación de riesgo en el mediano plazo.

El economista aclaró que una eventual rebaja de la nota no implicaría necesariamente problemas inmediatos para el financiamiento del Estado o un deterioro abrupto de las condiciones crediticias, pero sí podría traducirse en mayores costos de endeudamiento para el país y para algunos emisores nacionales.

Martínez sostuvo además que una recuperación más sólida del crecimiento económico favorecería tanto la reducción del déficit fiscal como la estabilización de la deuda, lo que eventualmente podría generar una evaluación más favorable por parte de la clasificadora.

Durante su exposición también abordó el escenario político regional, señalando que varios gobiernos de orientación liberal o de centroderecha suelen sobreestimar la capacidad de impulsar el crecimiento económico únicamente mediante mejoras en la confianza de los mercados. Afirmó que, para lograr resultados sostenibles en crecimiento y equilibrio fiscal, son necesarias reformas estructurales de mayor profundidad.

Fitch Ratings es una de las tres principales agencias internacionales de clasificación de riesgo, junto con Moody’s y S&P Global Ratings. Sus evaluaciones son ampliamente utilizadas por inversionistas para medir la capacidad de los países de cumplir oportunamente con el pago de sus obligaciones financieras y constituyen un referente relevante para determinar el costo del financiamiento soberano en los mercados internacionales.