Entre enero y marzo de este año, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización a los 16 gobiernos regionales del país para evaluar el cumplimiento de las normas de transparencia activa. El estudio concluyó que 14 de estas instituciones no publican de manera adecuada la información sobre el uso de los recursos provenientes del Royalty Minero, pese a que dicha obligación está establecida por la legislación vigente.
El informe registró un promedio nacional de cumplimiento de 92,27%, el nivel más alto desde que comenzaron estas evaluaciones en 2015. La cifra representa un incremento de 16,2 puntos porcentuales respecto de la medición realizada en 2025, reflejando avances generales en la disponibilidad y actualización de información pública.
El Gobierno Regional del Biobío fue el único que alcanzó un cumplimiento total, con un 100% en la evaluación. Además, otros doce gobiernos regionales superaron el 90%, destacando el caso de La Araucanía, que logró la mayor mejora del país al elevar su desempeño desde un 43,9% a un 95% en apenas un año.
En contraste, el Gobierno Regional de Los Ríos obtuvo el resultado más bajo del estudio, con un cumplimiento de 56,72%. Otros dos gobiernos regionales se ubicaron sobre el 80%, completando un panorama que evidencia avances, aunque con importantes diferencias entre las distintas regiones.
La fiscalización también detectó debilidades en materias vinculadas al uso de recursos públicos. Las áreas con menor nivel de cumplimiento fueron las modificaciones presupuestarias, con un 56,8%, y las contrataciones formalizadas mediante órdenes de compra, que alcanzaron un 75%. Asimismo, se identificaron brechas en la publicación de mecanismos de participación ciudadana en ejecución y de actos y resoluciones con efectos sobre terceros.
Uno de los principales hallazgos del informe corresponde a la falta de información sobre los recursos del Royalty Minero. Catorce de los dieciséis gobiernos regionales no publican los antecedentes relacionados con el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, destinado a financiar iniciativas productivas, proyectos de desarrollo regional e investigación científica y tecnológica. Solo los gobiernos regionales de La Araucanía y Magallanes cumplen actualmente con esta exigencia.
El estudio también estableció que nueve gobiernos regionales no mantienen disponible información sobre concursos públicos y proyectos adjudicados, mientras que diez no publican los antecedentes enviados por instituciones privadas que reciben transferencias superiores a 2.000 UTM.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, valoró el avance general registrado por los gobiernos regionales, aunque advirtió que persisten deficiencias en información considerada de alto interés público. Señaló que la ciudadanía debe contar con acceso oportuno a los antecedentes sobre el uso de los recursos fiscales, especialmente cuando se trata de fondos de gran magnitud como los provenientes del Royalty Minero, además de la información relativa a proyectos financiados y transferencias efectuadas a entidades privadas.
La fiscalización combinó un proceso de revisión automatizada de antecedentes disponibles en el Portal de Transparencia del Estado con una verificación manual de los sitios institucionales de cada gobierno regional, permitiendo evaluar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de transparencia activa. (NP ChatGPT-Emol)