Las autoridades peruanas allanaron en la madrugada del sábado la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del uso de unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio.
Según un documento policial, en la diligencia intervinieron unos 40 agentes y fiscales «con el fin de registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex» cuya procedencia y compra Boluarte ha evitado precisar.
Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.
El caso nació de una denuncia periodística sobre una presunta colección de relojes de alta gama que la presidenta no había consignado entre sus bienes.
La acción conjunta de la fiscalía y de la policía fue retransmitida por el canal de televisión local Latina, donde se aprecia como los agentes rodean la vivienda ubicada en el distrito de Surquillo, al este de Lima, y hacen una barrera humana para impedir el tráfico de vehículos en las calles.
La irrupción al domicilio «tiene fines de registro e incautación», dijo la policía. La intervención fue autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.
El sorpresivo allanamiento se efectuó luego que la fiscalía no aceptara que la presidenta pidiera reprogramar una citación fiscal prevista para inicios de semana para mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición.
Si resultara acusada en este caso, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. Entretanto sí que puede ser investigada.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando «incapacidad moral».
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal apoyo de la mandataria, deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza difícil de concretarse.
LA PRESIDENTA NO ESTABA EN CASA
Los fiscales que ingresaron no dieron declaraciones a las decenas de periodistas apostados en el exterior de la vivienda, que informan en vivo desde la calle sobre el allanamiento.
Según la prensa, la presidenta no se hallaba en su vivienda y se ignoraba si se encontraba en su despacho de Palacio de Gobierno.
La presidencia peruana no reaccionó de inmediato, pero no se descarta una declaración del gobierno.
El escándalo estalló por un reportaje del programa periodístico «La Encerrona» a mediados de marzo. Esta información reveló que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.
El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió la presidencia. Tras el reportaje, Boluarte señaló que se trata de un reloj «de antaño» y que es producto de su «esfuerzo», ya que trabaja desde los 18 años.
«He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano», declaró Boluarte, de 61 años, la semana pasada.
A raíz del escándalo, la Contraloría de la República, anunció que revisaría nuevamente las declaraciones de bienes que Boluarte presentó los dos últimos años en busca de algún eventual desbalance patrimonial .
INDIGNACIÓN
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, consideró un «atropello a la dignidad» de la presidenta Dina Boluarte el allanamiento a su vivienda y la sede de gobierno, dentro de una investigación sobre relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de sus bienes.
«Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la Presidencia de la República y a la Nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales», dijo Adrianzén el sábado a la radio y televisión RPP.
En la madrugada la policía junto a la fiscalía allanaron la vivienda y la sede presidencial, en busca de las joyas de la mandataria.
Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.
«Los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales«, añadió Adrianzén en la red X. Según el jefe del gabinete, al momento de los allanamientos Boluarte se encontraba en su residencia dentro de palacio de gobierno y «brindará declaraciones a la fiscalía cuando se la convoque».
La mandataria había pedido una reprogramación de su citación a declarar, pero «extrañamente no se la aceptaron». Sin embargo, aun «sigue colaborando con la fiscalía», remarcó Adrianzén.
En caso de que fuera acusada formalmente, Boluarte solo podrá ser sometida a juicio cuando termine su mandato en julio de 2026, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando «incapacidad moral». (Emol AFP)
