La reciente aprobación de la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Chile. No es simplemente una nueva unidad dentro del Ministerio Público, sino un reconocimiento institucional claro: el crimen ya no es sólo territorial, es estructural; y más preocupante aún: ha comenzado a infiltrarse en las instituciones del Estado.
Durante años insistimos en que Chile era un país de paso para redes internacionales. Esa afirmación hoy es insostenible. Los secuestros, homicidios por encargo, tráfico de armas, lavado de activos y robos violentos se han multiplicado, operando con una lógica organizada, transregional e incluso transnacional. El temor ya no está limitado a barrios periféricos; se ha expandido y ha tomado formas cada vez más brutales.
Lo más alarmante no son sólo los delitos, sino quiénes aparecen involucrados. Casos recientes, como el de oficiales de la Fuerza Aérea (FACh) investigados por tráfico de drogas, así como el de militares sorprendidos transportando cargamentos ilícitos en Arica, confirman lo que por mucho tiempo se quiso negar: el crimen organizado ha penetrado esferas del aparato estatal.
A esto se suman investigaciones en curso contra jueces de garantía, acusados de favorecer a narcotraficantes mediante resoluciones judiciales cuestionables, filtraciones de información o decisiones cautelares sin fundamento sólido. Si bien se ha tendido a presentar estos casos como hechos aislados, los patrones se repiten, y eso es lo que debe preocuparnos.
Ante este escenario, la Fiscalía Supraterritorial surge como una herramienta necesaria. Tendrá rango regional, dependerá directamente del Fiscal Nacional y contará con fiscales especializados, personal de apoyo y una plataforma técnica para coordinar investigaciones de alta complejidad. Su diseño busca precisamente enfrentar a organizaciones criminales que operan con redes extendidas y estructuras más inteligentes que las del propio Estado.
A pesar de esta necesaria iniciativa, queda una importante pregunta por responder. ¿Podrá una nueva fiscalía -por potente que sea- tener éxito si el resto del sistema permanece vulnerable, debilitado o reacio a reconocer el problema? La corrupción institucional no puede seguir siendo un tema tabú. Necesitamos vigilancia, controles internos reales y un cambio en los estándares éticos y de rendición de cuentas en instituciones como las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y las policías; decisiones que no parecen contar con acciones tan concretas como la creación de una nueva fiscalía, que no constituye una solución mágica, pero sí es un paso en la dirección correcta, ya que es reconocer que el crimen organizado no es solo un fenómeno delictual, sino una amenaza directa a la democracia y a la legitimidad del Estado. Ignorarlo, minimizarlo o tratarlo como un problema ajeno es la fórmula más directa para perder el control del país.
Es tiempo de entender que estamos enfrentando un adversario que ha sabido adaptarse, corromper y operar en la sombra. La Fiscalía Supraterritorial tiene ahora la misión de enfrentarlo, pero también el desafío de demostrar que el Estado todavía puede defenderse de quienes intentan tomárselo desde dentro. (El Líbero)
Susana Borzutzki
