La Fiscalía Metropolitana Sur informó que una de las personas formalizadas en el marco de la denominada Operación Tokio se desempeñaba como ejecutiva de BancoEstado, antecedente que fue conocido durante la audiencia realizada este fin de semana contra los integrantes de una presunta red ligada al Tren de Aragua.

La información fue dada a conocer por el fiscal Héctor Barros, quien señaló que tanto la defensa como la propia imputada confirmaron que mantenía funciones como ejecutiva bancaria al momento de los hechos investigados.

La mujer se suma a José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander detenido la semana pasada y sindicado por el Ministerio Público como una pieza clave en el esquema financiero utilizado por la organización criminal para movilizar recursos obtenidos de actividades ilícitas como extorsiones, secuestros, prostitución y tráfico de drogas.

Según los antecedentes expuestos por la fiscalía, la investigación permitió detectar numerosas cuentas corrientes y otros productos financieros utilizados para canalizar recursos vinculados a la organización, los cuales fueron congelados como parte de las diligencias judiciales.

El Ministerio Público sostiene que Pérez Asencio habría participado en la transferencia de fondos desde cuentas controladas por la organización hacia empresas utilizadas como fachada. Posteriormente, esos recursos eran derivados a otras entidades y cuentas en el extranjero, dificultando su rastreo por parte de las autoridades.

De acuerdo con la investigación, el mecanismo contemplaba una compleja red de movimientos bancarios entre múltiples personas y cuentas. Los fondos eran distribuidos, fragmentados y posteriormente reenviados entre distintos titulares para dificultar su identificación y perder la trazabilidad del dinero antes de ser transferidos fuera del país.

El fiscal Barros explicó que las organizaciones criminales buscan incorporar a personas con conocimientos del sistema financiero para optimizar sus operaciones de lavado de activos. Según indicó, se trata de estructuras sofisticadas que utilizan tanto funcionarios del sector financiero como empresas de fachada para mover recursos ilícitos.

La investigación también detectó la utilización de sociedades vinculadas al manejo de criptoactivos y otras plataformas financieras que habrían servido para facilitar la circulación internacional de fondos asociados a la organización criminal.

En el marco de la Operación Tokio, un total de 17 personas fueron formalizadas por distintos delitos relacionados con crimen organizado y lavado de activos. De ellas, 14 quedaron sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que las tres restantes deberán cumplir arresto domiciliario.

La causa continúa en desarrollo y busca establecer el alcance de la red financiera utilizada para canalizar recursos obtenidos por el Tren de Aragua tanto dentro como fuera de Chile. (NP_ChatGPT-Emol)