El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago lideró este lunes la continuación de la formalización contra el director ejecutivo de la ONG ProCultura, Alberto Larraín, y otros cuatro colaboradores. En esta audiencia, el Ministerio Público acusó que los más de 1.600 millones de pesos transferidos por el Gobierno Regional Metropolitano fueron recibidos de forma irregular en una sola cuota. Según el ente persecutor, dichos recursos fiscales no se destinaron de inmediato al programa de prevención del suicidio para el cual fueron aprobados, sino que los imputados los invirtieron en fondos mutuos para generar rentabilidad y financiar gastos operacionales de la fundación, tales como sueldos y arriendos.
Durante el proceso, la Fiscalía presentó como evidencia una serie de registros de comunicaciones digitales entre los acusados, declaraciones de la carpeta investigativa y material audiovisual que documenta la firma del convenio. La tesis acusatoria sostiene que ProCultura obtuvo el millonario monto mediante una asignación directa sin contar con las calificaciones técnicas requeridas para el proyecto. Hasta el momento, uno de los involucrados, Gabriel Prado, ha quedado bajo arresto domiciliario total, mientras que para Larraín y las otras tres imputadas la justicia evalúa la solicitud de prisión preventiva por el riesgo que representan para el éxito de la investigación.
La defensa de Alberto Larraín cuestionó la tipificación de fraude al fisco planteada por el Ministerio Público, argumentando que su representado no ostentaba la calidad de funcionario público al momento de los hechos. El abogado defensor señaló una supuesta inconsistencia en la estrategia de la Fiscalía, indicando que el organismo intenta perseguir un delito de administración desleal o, alternativamente, uno de estafa ante la falta de una figura pública clara. Esta discusión técnica es fundamental, ya que la calidad de servidor público es un requisito esencial para configurar ciertos delitos de corrupción administrativa según el Código Penal.
Por otro lado, la investigación apunta a la responsabilidad del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, a quien la Fiscalía señala como la figura que habría permitido eludir los filtros de concursos públicos y facilitar el fraccionamiento de pólizas de seguro para concretar el traspaso. La parte querellante, representada en esta instancia por la UDI, enfatizó que estos hechos no solo afectan el patrimonio fiscal, sino que vulneran tratados internacionales contra la corrupción y dañan gravemente la fe pública. Las audiencias continuarán durante la semana para determinar las medidas cautelares definitivas del resto de los implicados en este caso de malversación. (NP-Gemini-La Tercera)