Esta tarde el Ministerio Público emitió una declaración para aclarar el el proceso judicial que enfrenta el ideólogo del Frente Amplio, Carlos Ruiz Encina, por acusaciones de violencia intrafamiliar.
El sociólogo afirmó en una carta dirigida a El Mercurio que «la versión divulgada a la opinión pública constituye un relato falso, sobre hechos que no lograron probarse en el proceso judicial pero que, por su espectacularidad y carácter horroroso, sigue siendo reproducido en algunos medios de comunicación».
En esa línea, señaló que «la defensa recolectó amplia evidencia en contra de la versión inicialmente sostenida por el Ministerio Público, incluyendo amplios peritajes de variado tipo».
El ideólogo del FA señaló que desde el primer momento de la denuncia «la supuesta víctima, mi pareja, cuestionó la autenticidad de las declaraciones que se le atribuían. Se negó a aceptar como propias dichas afirmaciones y solicitó declarar voluntariamente ante la Fiscalía de Género, lo que se le negó inexplicablemente».
Además, aseguró que la complejidad del proceso, junto con su pareja los llevó a «adoptar la difícil decisión de desistir de la opción del juicio. Aceptamos, en un procedimiento de común acuerdo con el Ministerio Público, mediante la negociación de una pena de falta, un tercio de UTM que ni se hacían efectivas, y se dio por cumplida de inmediato por el periodo de 24 horas en que debí permanecer privado de libertad al inicio y sin que esta mínima pena pueda considerarse un ‘antecedente penal'».
Tras conocerse la carta de Ruiz Encina, desde Fiscalía emitieron un comunicado donde señalaron que «en noviembre del 2023, se presentó requerimiento simplificado, ante el 8vo Tribunal de Garantía, que contenía acusación con contundente medios de prueba entre ellos 10 de testigos, fotografías de lesiones, informe de lesiones, video grabaciones de guardias municipales, audios de llamada de auxilio a nivel 133 y SERNAMEG».
Según el documento, estas pruebas «permitieron a la fiscalía arribar, mediante aceptación de responsabilidad por parte del imputado, a un condena de pago multa más accesorias legales de prohibición de aporte de armas y someterse a evaluación y eventual tratamiento enfocado al control de impulso y orientación familiar».
Cabe señalar que tras el cierre del caso, el ideólogo del FA fue reincorporado a sus labores como académico de la Universidad de Chile, y tanto funcionarios del Campus Juan Gómez Millas como estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la institución han expresado públicamente su rechazo por su retorno a las aulas. (Emol)
