El exdiputado Joaquín Lavín León llegó la mañana de este lunes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para enfrentar su formalización por presuntos delitos de corrupción, en una audiencia que se extendería por al menos tres jornadas y que es encabezada por el juez Daniel Urrutia.
La investigación, liderada por la fiscal Constanza Encina, imputa al exparlamentario delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos, por un perjuicio estimado en al menos $104 millones.
Durante el inicio de la audiencia, la persecutora solicitó además una orden de extradición contra Felipe Vásquez, quien no se presentó a la formalización por encontrarse en España y es considerado una pieza clave en la presunta trama investigada.
SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA
Según antecedentes de la causa, el Ministerio Público solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para Lavín León, requerimiento que sería respaldado por querellantes como el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú.
El caso apunta a la existencia de mecanismos para desviar recursos públicos mediante la rendición de gastos parlamentarios y el uso de influencias en la gestión municipal de Maipú.
USO DE RECURSOS CON FINES ELECTORALES
Entre los hechos expuestos por la fiscalía, se acusa al exdiputado de destinar funcionarios financiados por el Congreso a labores de campaña, incluyendo el desarrollo de la plataforma SocialTazk para recopilar datos de electores.
La indagatoria sostiene que al menos siete trabajadores habrían realizado funciones electorales mientras recibían remuneraciones públicas. Parte de estas actividades se habrían vinculado a la campaña presidencial de Joaquín Lavín Infante en 2021.
Asimismo, se investiga la emisión de facturas falsas a través de terceros para justificar gastos, el financiamiento irregular de servicios tecnológicos y la eventual contratación de “funcionarios fantasma”.
OTROS DELITOS INVESTIGADOS
El Ministerio Público también atribuye al exparlamentario eventuales gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú, relacionadas con contrataciones y desvinculaciones durante la administración de la entonces alcaldesa Cathy Barriga.
La formalización marca un punto clave en la investigación, mientras se espera que el tribunal resuelva las medidas cautelares en los próximos días. (NP-ChatGPT-La Tercera)