La Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisó este lunes la solicitud del Ministerio Público para desaforar al senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto, en el marco de una investigación por un presunto fraude al Fisco relacionado con asesorías parlamentarias que, según la Fiscalía, no habrían sido efectivamente realizadas.

La Fiscalía Local de Coyhaique ya cerró la investigación y presentó acusación. Ahora espera que se levante la inmunidad parlamentaria del legislador para avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes y solicitar medidas cautelares.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, entre 2018 y 2022 Calisto se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos provenientes del Congreso Nacional mediante contratos de asesorías pagados con asignaciones parlamentarias.

El perjuicio fiscal investigado superaría los $105 millones.

Calisto ya había sido desaforado cuando ejercía como diputado. Sin embargo, tras asumir como senador surgió una nueva discusión respecto de su inmunidad parlamentaria, razón por la cual la Fiscalía solicitó nuevamente el desafuero.

Durante la audiencia ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la argumentación del Ministerio Público estuvo a cargo del director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

El persecutor centró parte de sus antecedentes en la contratación de Carla Graf, pareja de Roland Cárcamo. Según expuso, Graf se desempeñaba como educadora diferencial y habría sido contratada como asesora parlamentaria por montos mensuales que fluctuaron entre $1,1 millones y $3,1 millones.

Campos señaló que la secretaria de Calisto en el Congreso no conocía a Graf y agregó que los pagos continuaron incluso durante un período cercano a dos años en que la mujer habría permanecido con licencia médica por embarazo y posteriormente por posnatal.

El fiscal también citó un informe de la Policía de Investigaciones que, según afirmó durante la audiencia, estableció que los recursos recibidos por Graf fueron posteriormente transferidos a Calisto y a personas cercanas a la Democracia Cristiana.

Entre los antecedentes presentados para fundamentar el desafuero, el Ministerio Público sostuvo que fue el propio Calisto quien habría propuesto a Graf como asesora parlamentaria y que entre 2018 y 2022 se suscribieron ocho contratos a honorarios.

De acuerdo con la Fiscalía, esos contratos habrían experimentado modificaciones en los montos pagados, pero no en las funciones encargadas. El organismo persecutor también destacó la existencia de una relación de amistad previa entre Calisto, Graf y Cárcamo.

Otro de los puntos centrales de la argumentación fiscal se refiere al destino que habrían tenido los recursos. Según Campos, más de $105 millones pagados a Graf fueron posteriormente transferidos al legislador y a personas de su entorno.

La Fiscalía cuestionó además que Graf fuera presentada como asesora parlamentaria pese a que se desempeñaba profesionalmente como educadora diferencial y que recibiera recursos fiscales durante períodos en los que se encontraba con licencia médica.

La acusación más relevante, sin embargo, apunta a los documentos que debían respaldar los servicios contratados. Campos aseguró ante el tribunal que los informes utilizados como fundamento para pagar las asesorías con asignaciones parlamentarias “nunca existieron”.

Según la tesis del Ministerio Público, estos antecedentes permitirían sostener que los contratos fueron utilizados para obtener irregularmente recursos públicos.

“Son delitos reiterados que afectaron el correcto desempeño de la función pública porque precisamente este funcionario público malogró los principios de objetividad, integridad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública con este perjuicio millonario”, sostuvo Campos ante la Corte.

Los antecedentes expuestos corresponden a la imputación y tesis del Ministerio Público y deberán ser discutidos en las instancias judiciales correspondientes. La solicitud de desafuero no equivale a una declaración de culpabilidad, sino que busca levantar la inmunidad parlamentaria para permitir que el proceso penal avance contra el senador.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt será determinante para establecer si la Fiscalía puede continuar el procedimiento contra Calisto en su actual condición de integrante del Senado. (NP-ChatGPT-La Tercera)