La Fiscalía Centro Norte mantiene vigente una investigación por posibles delitos de trata de personas y violación originada en una denuncia presentada por una mujer que asegura haber sido reclutada cuando era adolescente por los Grupos de Acción Popular (GAP) y posteriormente obligada a prostituirse para obtener recursos destinados a esa organización.

El caso vuelve a cobrar relevancia luego de que El Líbero constatara durante agosto la presencia de propaganda del GAP en las inmediaciones de liceos emblemáticos de Santiago. Según el medio, la organización ha distribuido volantes y colocado afiches dirigidos a estudiantes secundarios con mensajes que llaman a rebelarse y luchar.

De acuerdo con la investigación periodística, material de la agrupación fue detectado en seis establecimientos educacionales, con especial presencia en el Liceo 1 Javiera Carrera y el Liceo 4 Isaura Dinator, ambos establecimientos femeninos. También se registraron afiches en las inmediaciones del Instituto Nacional y distribución de volantes en el Liceo Manuel Barros Borgoño.

El GAP, organización fundada durante la década de 1990, utiliza las mismas siglas del antiguo Grupo de Amigos del Presidente, nombre con el que se conoció a la escolta personal del expresidente Salvador Allende, aunque se trata de una agrupación diferente. En sus propias publicaciones, el actual grupo reivindica parte de la tradición política vinculada al MIR y se define como una organización revolucionaria.

INVESTIGACIÓN PERMANECE ABIERTA

La Fiscalía Centro Norte confirmó a El Líbero que la causa vinculada con la denuncia continúa vigente y bajo carácter reservado. El Ministerio Público informó que se mantienen diligencias investigativas junto con un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) y que las indagatorias consideran posibles delitos de violación y trata de personas.

La PDI, por su parte, señaló que el caso es investigado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.

La policía civil indicó que su unidad especializada ha realizado e informado las diligencias solicitadas por el Ministerio Público. Debido a que la investigación continúa abierta, la institución declinó entregar antecedentes sobre sus avances o informar si existen otras denuncias que relacionen a personas vinculadas al GAP con eventuales casos de explotación sexual o trata.

Según la información proporcionada por la Fiscalía al citado medio, la causa se encuentra desformalizada. Por este motivo, no existirían personas formalizadas en esta investigación y las acusaciones relatadas por la denunciante no constituyen hechos establecidos judicialmente.

DENUNCIANTE AFIRMA QUE FUE RECLUTADA SIENDO ADOLESCENTE

La mujer, que públicamente ha utilizado el seudónimo de Javiera Sarraz, relató su historia en entrevistas concedidas en 2022 a los medios argentinos Infobae y Página 12, además de difundir antecedentes mediante una cuenta de Instagram.

Según su testimonio, comenzó a colaborar con actividades relacionadas con el GAP cuando tenía 15 años y posteriormente ingresó a militar en la agrupación mientras todavía cursaba la enseñanza secundaria.

Sarraz afirmó que inicialmente participó como colaboradora en un taller destinado a niños de una población de Santiago, donde realizaba actividades como entregar desayunos y enseñar música.

La denunciante sostiene que, con el paso del tiempo, dos personas que identifica como integrantes de la organización comenzaron a apartarla progresivamente de sus redes familiares y sociales. Según su versión, posteriormente dejó la vivienda de sus padres y, más adelante, sus estudios universitarios mientras asumía mayores responsabilidades políticas.

La mujer asegura que años después fue presionada para conseguir financiamiento para la agrupación mediante la prostitución y que, al manifestar su negativa, habría recibido amenazas contra ella y miembros de su familia.

Sarraz sostiene que entre 2014 y 2017 fue trasladada a diferentes lugares de Chile y obligada a prostituirse. También acusa haber sufrido agresiones físicas, psicológicas y sexuales durante ese período y afirma que el dinero obtenido mediante su explotación era entregado a las personas que denuncia.

De acuerdo con su testimonio, parte de esos pagos habría quedado registrada posteriormente mediante transferencias bancarias, antecedentes que la mujer considera relevantes para la investigación judicial.

La denunciante también afirmó que durante ese período habría sido sometida al consumo de medicamentos ansiolíticos bajo el argumento de que sufría estrés debido a sus actividades políticas.

Según relató a Infobae, consiguió abandonar esa situación durante 2017, cuando aprovechó un período en que habría disminuido la vigilancia sobre ella y había logrado reconstruir redes personales fuera de la organización.

DENUNCIAS EN CHILE Y ARGENTINA

De acuerdo con las publicaciones de Infobae y Página 12, la mujer presentó una denuncia en Chile el 29 de agosto de 2022. Los antecedentes entregados ahora por la Fiscalía Centro Norte confirman que existe una investigación vigente y reservada por eventuales delitos de trata de personas y violación.

Sarraz aseguró además haber presentado antecedentes en Argentina ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) durante septiembre de 2022.

Según Página 12, la mujer acudió a esa institución acompañada por una docente y otra joven que también habría denunciado haber sido víctima de uno de los sujetos señalados en el caso.

Las publicaciones argentinas indicaron entonces que la investigación se encontraba en curso y que existían testigos. El Líbero consultó recientemente a PROTEX para conocer el estado actual de esas diligencias, pero señaló que no obtuvo respuesta hasta el cierre de su publicación.

Sarraz también afirmó que las personas denunciadas habrían intentado captar mujeres en universidades públicas argentinas para posteriormente trasladarlas a Chile y explotarlas sexualmente.

Infobae informó en 2022 que uno de los hombres señalado por la denunciante figuraba como estudiante en distintas universidades públicas argentinas. El Líbero aseguró haber encontrado posteriormente registros académicos coincidentes con su identidad en varias instituciones. Estos antecedentes, sin embargo, no acreditan por sí mismos las acusaciones de captación o explotación denunciadas.

PRESENCIA DEL GAP EN LICEOS SE REMONTARÍA A FINES DE LOS AÑOS 90

La actual presencia del GAP en establecimientos educacionales de Santiago tendría antecedentes que se remontan a fines de la década de 1990.

Según documentación citada por El Líbero, el libro “Temporada de pingüinos. La generación del Mochilazo 2001”, elaborado a partir de un taller patrimonial realizado en el Liceo de Aplicación, incluye al GAP entre las organizaciones que difundieron material político estudiantil entre 1999 y 2002.

La propia organización también reconoció históricamente su presencia entre estudiantes secundarios. En un documento publicado en 2004 bajo el título “Nueve años en las luchas del pueblo”, el GAP afirmó que su estructura se había extendido por poblaciones, universidades, liceos y lugares de trabajo.

Según información publicada por la propia agrupación, su primera aparición pública se produjo el 5 de noviembre de 1996 durante una conmemoración de Pablo Vergara y Aracely Romo en Villa Francia.

Casi tres décadas después, la distribución de propaganda del GAP entre estudiantes secundarios vuelve a situar a la organización bajo atención pública, esta vez en paralelo con una investigación penal aún abierta por graves acusaciones formuladas por una mujer que sostiene haber sido incorporada a sus actividades cuando era menor de edad. (NP-ChatGPT-El Líbero)