La Fiscalía Metropolitana Oriente y la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones realizaron este jueves una serie de allanamientos en el marco de una investigación por eventuales delitos de corrupción relacionados con licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.

Las diligencias contemplaron la entrada, registro e incautación de especies en más de diez inmuebles y dependencias ubicadas en distintas comunas de la Región Metropolitana, además de Valparaíso, Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.

La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina explicó que la investigación aborda posibles delitos de fraude al Fisco, soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros ilícitos asociados a procesos de contratación del programa de alimentación escolar.

Según la persecutora, las indagatorias se han concentrado principalmente en licitaciones desarrolladas en la Región de O’Higgins, aunque los antecedentes recopilados podrían determinar que eventuales irregularidades también se produjeron en otras regiones del país.

Encina precisó que las diligencias fueron autorizadas judicialmente y forman parte de una investigación que se mantiene bajo reserva, motivo por el cual evitó proporcionar mayores antecedentes sobre las personas investigadas y las pruebas que busca reunir el Ministerio Público.

Parte del procedimiento se desarrolló en el Congreso Nacional. De acuerdo con antecedentes conocidos públicamente, funcionarios de la PDI realizaron diligencias en las oficinas de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto.

La fiscal evitó identificar a los parlamentarios involucrados, aunque confirmó que las actuaciones relacionadas específicamente con legisladores se sustentan en antecedentes que podrían configurar distintos delitos de cohecho.

El material incautado será ahora sometido a análisis por los equipos investigadores. A partir de los resultados, el Ministerio Público deberá determinar los próximos pasos de la causa, incluida la eventual formalización de personas investigadas o solicitudes de desafuero en caso de que correspondan.

Tras las diligencias, el Senado manifestó su disposición a colaborar con la investigación y aseguró que entregará los antecedentes requeridos por las autoridades competentes, dentro del ámbito de sus atribuciones, para contribuir al esclarecimiento de los hechos. (NP-ChatGPT-La Tercera)