El Ministerio Público inició una investigación por un nuevo mecanismo de estafa que utiliza la Ley de Responsabilidad Parental para extraer dineros de las AFP mediante deudas de alimentos simuladas. La indagatoria principal se concentra en la Región de O’Higgins, donde una decena de parejas, presuntamente coludidas con abogados, habrían fingido deudas de pensiones para que los tribunales de justicia autorizaran el pago con cargo a las cuentas de capitalización individual. Entre los involucrados figura un funcionario del Poder Judicial, lo que ha activado sumarios administrativos y alertas en diversas circunscripciones judiciales del país.
El ardid consiste en que una pareja acuerda extrajudicialmente una pensión de alimentos elevada, la cual el demandado deja de pagar intencionalmente durante tres meses. Tras este periodo, la parte demandante solicita al juez de familia el cobro mediante los fondos previsionales, previa declaración de inexistencia de otros activos financieros. Jueces de distintas regiones han reportado indicadores sospechosos, como pensiones desproporcionadas que cesan abruptamente y casos donde, tras concretarse el retiro del dinero, las parejas informan la reanudación de la convivencia, eludiendo así el propósito de la normativa.
Durante la tramitación legislativa de la ley, diversos parlamentarios y organizaciones civiles advirtieron sobre el riesgo de estos “actos simulados”. Sin embargo, el Gobierno de Gabriel Boric defendió la redacción original apelando al principio de buena fe y a la urgencia de beneficiar a la mayoría de las madres que sufren violencia económica. A pesar de las advertencias, no se incluyeron requisitos adicionales como declaraciones juradas de cese de convivencia, priorizando un mecanismo expedito que, a la fecha, ha movilizado más de 940 mil millones de pesos desde las administradoras de pensiones.
Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género valoraron las acciones de la justicia para detectar inconsistencias y aseguraron que la ley contempla salvaguardas, como límites porcentuales de retiro según la edad del deudor. No obstante, expertos legales advierten que el sistema carece de herramientas robustas para frenar la colusión entre demandantes y demandados cuando existe voluntad de fraude. La Fiscalía de Alta Complejidad deberá ahora determinar el tipo penal aplicable a estas conductas, considerando que los fondos retirados pertenecen legalmente a quienes ejecutan la maniobra. (NP-Gemini-Bio Bio)