El Partido de la Gente (PDG) enfrenta dos investigaciones del Ministerio Público por eventuales irregularidades vinculadas a su constitución y al manejo de recursos de la colectividad. Las pesquisas, que involucran a antiguos dirigentes y han incluido diligencias relacionadas con Franco Parisi, se mantienen hasta ahora sin formalizaciones.

Una de las causas comenzó en 2024 tras una denuncia de la exdiputada Karen Medina y otros militantes, quienes cuestionaron documentación utilizada durante la constitución del partido en 2021.

Según antecedentes conocidos durante la investigación, se habría detectado una firma falsificada correspondiente a Marjorie Catalán, entonces integrante del Tribunal Supremo del PDG. Catalán declaró que no participó en la sesión consignada en un acta ni firmó el documento.

Sin embargo, debido a que había aceptado integrar la instancia y no se habría establecido un perjuicio asociado a la firma, hasta ahora la Fiscalía no ha resuelto presentar imputaciones por esos hechos. Además, los plazos contemplados en la normativa electoral impedirían impugnar actualmente la constitución del partido por esa vía.

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Las diligencias realizadas por la Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones (PDI) abrieron posteriormente una arista por eventuales delitos relacionados con lavado de activos.

Durante las pesquisas, algunos militantes declararon haber observado a integrantes del partido quemando cartolas bancarias. Según sus testimonios, aquello habría buscado eliminar antecedentes relacionados con eventuales desvíos de recursos.

Los investigadores mantienen cautela respecto de esa versión, entre otras razones porque destruir documentos físicos no elimina los registros conservados por las instituciones financieras.

Pese a ello, la fiscal Patricia Cerda, del equipo de Alta Complejidad Centro Norte, ordenó nuevas diligencias, entre ellas el levantamiento del secreto bancario de cuentas del PDG y un análisis patrimonial destinado a determinar si existieron movimientos irregulares o utilización de recursos partidarios para fines distintos de los autorizados.

También se solicitaron antecedentes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respecto de antiguos dirigentes de la colectividad, incluido Parisi.

Hasta ahora, sin embargo, no existirían antecedentes suficientemente concluyentes para avanzar hacia formalizaciones. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que recibió información sobre la causa en 2024, tampoco ha presentado acciones judiciales.

Otro elemento considerado por los investigadores es que los balances correspondientes a 2021 y 2022 fueron aprobados por el Servel. Las principales interrogantes se concentran en recursos correspondientes a 2023 y 2024, que en conjunto alcanzarían unos $1.400 millones.

Parisi aseguró recientemente que no ha sido contactado por los investigadores: “No hemos recibido ningún llamado, absolutamente nada”.

DENUNCIA DEL SERVEL

Paralelamente, el PDG enfrenta otra investigación originada en antecedentes remitidos por el Servicio Electoral (Servel) al Ministerio Público.

El organismo detectó eventuales incumplimientos relacionados con operaciones bancarias, pagos de arriendos sin respaldo y otros movimientos financieros. La investigación también quedó a cargo de la fiscal Cerda.

En esta causa, uno de los principales focos está puesto en el exadministrador general de fondos del partido Miguel Azar. Entre las operaciones cuestionadas figuran contrataciones de servicios con sociedades vinculadas a él.

Los antecedentes también incluyen un cheque emitido a nombre de Azar y cobrado por caja, cuyo destino final no habría podido ser determinado por el Servel a partir de la documentación proporcionada por el partido.

Las investigaciones se encuentran todavía en desarrollo y, hasta ahora, no se han presentado cargos ni formalizado a personas por estos antecedentes. (NP-ChatGPT-La Tercera)