Francisco Huincahue Necuñir, Raúl Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano fueron formalizados por delitos reiterados de fraude al fisco que afectó al Ejército de Chile por un monto cercano a los $2.400 millones de pesos, a través de la facilitación de facturas falsas por servicios e insumos no prestados en reparación de vehículos al Comando de Apoyo a la Fuerza
La fiscal a cargo de la investigación, Ximena Chong, explicó que en relación a los imputados Fuentes Quintanilla y Fuentes Campusano, se les formalizó por facilitación de facturas entregadas desde el año 2010 hasta el 2014 por un monto aproximado de 1.800 millones de pesos y por cerca de $232 millones por facturas de Inversiones y Comercio Capellán S.A., empresa que depende de ellos.
Sobre Huincahue Necuñir, la audiencia se trató de una reformalización, dado que ya había sido formalizado por la facilitación de diez facturas por un monto aproximado de 100 millones de pesos, hecho que fue ampliado en esta jornada por facturas facilitadas el 2013 por cerca de $300 millones.
“Las formalizaciones se definieron sobre la existencia de antecedentes suficientes de que se trata de facturas falsas. En la carpeta de investigación existen antecedentes de que los servicios e insumos no fueron entregados efectivamente al Ejército”, dijo la fiscal Chong.
La persecutora agregó que respecto de los imputados Fuentes Quintanilla y Fuentes Campusano, “funcionarios confesos de la institución indicaron haber solicitado la entrega de las facturas y haber facilitado la documentación interna que permitió la ejecución de los pagos”.
Consultada por imputados militares implicados en estos ilícitos, la fiscal Chong explicó que de acuerdo a lo que establece el Código de Justicia Militar, la responsabilidad penal de uniformados en estos hechos, forma parte de la competencia que la ley le otorga a dicha justicia. En este caso, se indaga la participación de civiles implicados.
QUERELLA DEL SII
Hoy ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Servicio de Impuestos Internos presentó la primera querella por delitos tributarios en el marco del caso de fraude en el Ejército.
Se trata de una acción penal en contra del coronel Clovis Montero y el cabo primero Juan Cruz Valverde por supuestos delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 número cuatro inciso primero, relativos a la presentación de declaraciones falsas de impuestos. El perjuicio fiscal asciende a $ 153 millones. Ambos están en prisión preventiva por la justicia militar.
Según lo publicó La Tercera en febrero pasado, fue en abril de 2014 cuando el Ejército detectó y denunció este millonario fraude en la unidad Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF). Este se gestó a través del pago de facturas a terceros, por concepto de adquisición y contratación de servicios e insumos para reparaciones de vehículos militares. Trabajos que en realidad eran ficticios, y que se tramitaban con facturas adulteradas, que el Ejército cancelaba mediante su tesorería, con cargo a los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
La investigación transitó por dos esferas. En el mundo militar ha estado radicada en la VI Fiscalía Militar, a cargo de la fiscal militar Paola Jofré. A lo largo de esta indagatoria, la persecutora ha sometido a proceso a cinco uniformados (dos de ellos son querellados hoy por el SII): Clovis Montero (coronel), Juan Carlos Cruz (cabo 1°), Millaray Simunovic (sargento 2°), Miguel Escobar (sargento 1°) y Claudio González (suboficial). Todos ellos por el presunto delito de defraudación fiscal y falsedad documentaria, en calidad de autores. Los dos primeros están en prisión preventiva.
