El Ministerio Público solicitó la formalización del fundador de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín, y de la representante legal de la organización, María Constanza Gómez, en el marco de la investigación originada por una querella presentada por la empresa minera Anglo American por el presunto uso irregular de recursos provenientes de donaciones destinadas a proyectos sociales.

La audiencia fue fijada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para el próximo 19 de octubre, instancia en la que ambos imputados serán formalizados como presuntos autores del delito de apropiación indebida, según la solicitud presentada por la Fiscalía.

La investigación se inició tras una querella interpuesta por Anglo American en octubre de 2024, cuando la compañía denunció presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de aportes entregados a la fundación entre los años 2021 y 2023. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la empresa, los recursos comprometidos superaban los 290 millones de pesos y estaban destinados exclusivamente al desarrollo de proyectos comunitarios en las zonas donde opera la minera.

Según explicó la compañía en esa oportunidad, las donaciones tenían como objetivo financiar iniciativas relacionadas con turismo, patrimonio, desarrollo de medios de vida, salud, bienestar y programas de montaña para comunidades cercanas a sus faenas. La empresa sostuvo que los fondos debían destinarse únicamente a esos proyectos específicos y que la fundación no tenía facultades para darles un uso distinto.

Tras una investigación interna, Anglo American aseguró haber detectado inconsistencias en la trazabilidad de los recursos y en las rendiciones de gastos, antecedentes que posteriormente fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales.

Luego de diversas diligencias, la Fiscalía reunió antecedentes que, a su juicio, permiten sustentar la imputación por apropiación indebida contra Larraín y Gómez. Ambos deberán comparecer personalmente a la audiencia fijada por el tribunal, el que advirtió que una inasistencia injustificada podría dar lugar a su conducción por la fuerza pública, conforme a las normas del Código Procesal Penal.

La causa se suma a las distintas investigaciones que conforman el denominado caso Convenios, indagación nacional iniciada en 2023 que examina la legalidad de millonarias transferencias de recursos públicos efectuadas desde gobiernos regionales y otros organismos del Estado hacia fundaciones privadas para la ejecución de programas sociales.

En paralelo, Alberto Larraín y María Constanza Gómez fueron formalizados esta semana en otra arista del caso relacionada con un convenio suscrito entre ProCultura y el Gobierno Regional del Biobío. En esa investigación, la Fiscalía les atribuye el delito de apropiación indebida por presuntas irregularidades en la administración de más de 600 millones de pesos que no habrían sido debidamente rendidos tras la ejecución de un convenio firmado en 2022.

Durante esa audiencia, ambos imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional, la misma que ya pesaba sobre ellos en otras investigaciones vinculadas a transferencias efectuadas desde el Gobierno Regional Metropolitano, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de esa región.

Las defensas solicitaron nuevamente que la causa fuera remitida al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por razones de competencia territorial, petición que fue acogida por el tribunal, por lo que será esa instancia la encargada de continuar con la tramitación del proceso.

Tras la audiencia, el abogado de Alberto Larraín, Cristián Arias, sostuvo que el tribunal rechazó las medidas cautelares más gravosas solicitadas por la Fiscalía y por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Asimismo, afirmó que la imputación continúa siendo discutible y reiteró que, a su juicio, no existen antecedentes que acrediten enriquecimiento personal o lucro por parte de los integrantes de la Fundación ProCultura.

El denominado caso Convenios continúa siendo una de las investigaciones de mayor impacto político y judicial de los últimos años en Chile. La causa involucra múltiples indagatorias por presuntos delitos asociados a convenios suscritos entre organismos públicos y fundaciones privadas, bajo la dirección de diversas fiscalías regionales y con la participación del Consejo de Defensa del Estado como querellante en varias de las aristas.