La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó al exdiputado Joaquín Lavín León ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por presuntos delitos relacionados con el uso y comercialización de datos del Servicio Electoral a través de la plataforma SocialTazk.
El exparlamentario, quien permanece en prisión preventiva desde el 8 de mayo, compareció ante el tribunal en el marco de la ampliación de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
Tras la audiencia, la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Constanza Encina, valoró el desarrollo del procedimiento y explicó que el objetivo era comunicar nuevos hechos investigados que, a juicio de la Fiscalía, estarían vinculados con delitos atribuidos al exdiputado.
INVESTIGACIÓN INCORPORA NUEVOS ANTECEDENTES
La persecutora explicó que, de acuerdo con un pronunciamiento de la Corte Suprema, los nuevos antecedentes descubiertos durante la investigación que mantengan relación con los hechos iniciales no requieren una nueva solicitud de desafuero.
Por este motivo, el Ministerio Público avanzó con la formalización de los nuevos delitos investigados contra Lavín León y otros involucrados en la causa.
Durante la audiencia también se abordó la situación de otros imputados, entre ellos el informático Felipe Vázquez, creador de SocialTazk y exasesor parlamentario del exdiputado, quien actualmente se encuentra en España.
El tribunal acogió la solicitud de extradición presentada por la Fiscalía, considerando la gravedad de los hechos investigados.
USO DE DATOS ELECTORALES EN PLATAFORMA DIGITAL
Según la investigación del Ministerio Público, la plataforma SocialTazk habría incorporado información proveniente del padrón electoral de distintos años para ser utilizada con fines comerciales y electorales.
La Fiscalía sostiene que dichos datos habrían sido entregados por personas vinculadas al entorno político del exdiputado y posteriormente integrados al sistema administrado por Vázquez.
De acuerdo con la fiscal Encina, la plataforma funcionaba mediante suscripciones y permitía el acceso a información personal protegida por la legislación vigente.
El Ministerio Público señaló que los antecedentes financieros recopilados muestran ingresos asociados al funcionamiento de la plataforma y estima preliminarmente un perjuicio superior a los $177 millones, cifra que podría aumentar conforme avance la investigación. (NP-ChatGPT-La Tercera)