“Temo seriamente por mi vida e integridad física, como asimismo la de mis hijos. Estas personas han continuado mandando mensajes, llamándome a distintas horas de la noche para provocarme temor, amenazando de atentar contra mí y mi familia por mi forma de pensar y claramente para que deje de hacer mi trabajo como constituyente”.
De esta manera, el 22 de agosto, la integrante de la Convención Constitucional (CC), Teresa Marinovic, interpuso una querella tras recibir una serie de amenazas, a través de mensajes de texto y llamados a su teléfono personal. La columnista dijo sentir miedo por los amedrentamientos, por lo que, además de pedir que se indagara su caso, solicitó protección policial.
Por lo mismo, el Ministerio Público acogió el requerimiento de Marinovic y dispuso de dos medidas de protección para una de las constituyentes de la lista de Vamos por Chile. La primera tiene que ver con rondas periódicas por parte de Carabineros en torno a su domicilio particular y también en su lugar de trabajo. Según explicaron fuentes policiales, estos dispositivos preventivos se asignan en distintos horarios y de modo alternado. No existe un horario fijo de estas rondas, sino que se hacen aleatoriamente y son manejadas de manera reservada al interior de la institución. Lo que sí, advirtieron, se hacen todos los días.
No es primera vez que las autoridades disponen de protección especial para los integrantes de la Convención. Ya a mediados de julio, la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, denunció hostigamientos a través de redes sociales, lo que motivó a que se le asignara por parte de Carabineros una escolta 24/7.
En ese sentido, trascendió al interior de la policía uniformada, el caso de Loncón y el de Marinovic serían distintos, dado que la primera es la presidenta de la instancia y se le dispuso un contingente similar a otras autoridades que también ostentan el primer eslabón de la institución que representan. Junto con esto advirtieron que, por ejemplo, Carabineros y la PDI actúan a requerimiento del Ministerio Público o el Ministerio del Interior.
LLAMADA PRIORITARIA
La otra medida de protección que se dispuso para Marinovic fue entregarle la condición de “teléfono prioritario”. Estas aplican siempre tras la autorización del Ministerio Público o un tribunal y, generalmente, se utilizan para casos de violencia intrafamiliar.
Sin embargo, durante el último tiempo, dado el aumento de los delitos de amenazas por internet: en 2019 la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI registró nueve investigaciones por este ilícito; en 2020, 71, y a julio de 2021 ya se habían tomado nota de 15 casos.
Para hacer frente a este tipo de amedrentamientos se adoptó la decisión de disponer del “teléfono prioritario” como medida. En el caso de Marinovic, por ejemplo, su número de celular quedará registrado en el nivel 133 y en la unidad policial del sector donde vive, para que así cuando ella llame denunciando algo sospechoso en torno a su persona, el llamado se debe atender en forma inmediata.
Carolina Honorato, abogada de Marinovic, valoró la medida de protección. “Las amenazas recibidas por la convencional son de la mayor gravedad, donde hace tiempo no nos tocaba en nuestro ejercicio profesional ver amenazas de tal magnitud. En la investigación a cargo de la fiscalía y la PDI, quienes están realizando un trabajo acucioso para lograr identificar a los responsables, se están tomando las medidas necesarias para proteger a la convencional y a su familia, ya que han estado muy afectados por estos hechos”, dijo. (La Tercera)
