«Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente, en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República (Gabriel Boric). La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en el antecedente anterior, es decir la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República», se lee en la solicitud que el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, quien encabeza el caso ProCultura, cuando insistió en la fallida interceptación al teléfono del mandatario.
El persecutor alude a un antecedente que, advierte, es «revelador y es la conversación entre otras dos imputadas en esta causa que son Patricia Ilonka Csillag Pimstein (secretaria y cofundadora de ProCultura) y Constanza Gómez Cruz, (representante legal de ProCultura) con una tal Lucia, donde ésta última señala que se les había prometido pagos para saldar una supuesta deuda, menciona una conversación con el cofundador Alberto Larraín Salas donde a la solicitud de dinero, este le habría contestado: ‘Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca»’.
Para sustentar la medida intrusiva Cooper dio a conocer los antecedentes del caso que involucran al fundador de ProCultura y sus vínculos con redes políticas, apuntando, entre otras, a la amistad o cercanía de Larraín con el Presidente.
«POSIBLE DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIA»
En el mismo escrito, la fiscalía detalla: «Los convenios firmados por la Fundación ProCultura y el Estado tienen un incremento notorio en los años 2022 y 2023, coincidentemente con el actual mandato del Presidente de la República. Tal como se indicó en el escrito presentado (…). Si en los años 2020 y 2021 los convenios y montos fueron por totales de $181.676.386 y $316.849.723, en los años 2022 y 2023 fueron por montos de $3.282.841.556 y $1.808.295.429«.
Así, se plantea que «este aumento exponencial se puede explicar por la cercanía entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República y, por ende, el posible delito de tráfico de influencias que deriva en fraude al fisco, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas».
La razón para que el persecutor complementara los antecedentes entregados originalmente al tribunal cuando solicitó la interceptación del celular del mandatario es que esta había sido rechazada, por considerar la magistratura que no había fundamento suficiente para una «sospecha» o un posible reproche penal.(Emol)
