30 días de plazo tiene el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para entregar la información solicitada por la Fiscalía, en el marco de la investigación por presunta malversación de caudales públicos nacida a raíz de una denuncia de parlamentarios del Partido Republicano.
La acusación se presentó tras la compra de los libros de nueva Constitución realizada por la cartera que lidera Giorgio Jackson, en la que a juicio de los legisladores de oposición se utilizaron recursos públicos sin la debida justificación.
Según pudo conocer Emol, el requerimiento de información fue realizado ayer miércoles por la fiscal jefe (s) de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Alika Sukni Bunster, a través de un oficio.
En él, se señala: «En relación a los hechos denunciados mediante querella que se adjunta, se solicita informar a esta Fiscalía vuestras apreciaciones sobre estos y las justificaciones legales que pudiere aducir vuestro organismo ante ellos».
En respuesta, desde la Segpres emitieron un comunicado en el que aseguran que la denuncia de los Republicanos no tiene asidero. «El Ministerio Público ha emitido un oficio a este ministerio solicitando las apreciaciones sobre la investigación que lleva adelante, iniciada por la querella presentada por el diputado Juan Irarrázaval del Partido Republicano.
Tal como señalamos públicamente, vamos a prestar toda la colaboración y antecedentes disponibles para esclarecer a la brevedad las acusaciones infundadas sobre este punto, cumpliendo además con los plazos requeridos», señaló la cartera encabezada por Jackson.
El tema fue abordado durante la tarde por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien detalló que ya se están realizando gestiones investigativas y que la idea es conocer la «veracidad sobre la existencia de la adquisición de los textos legales en cuestión, y cuál es la justificación legal». (Emol)
