En un movimiento judicial sin precedentes, la Fiscalía de Chile envió un requerimiento de cooperación al Departamento de Justicia de Estados Unidos con el objetivo de interrogar a figuras clave del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato del exmilitar disidente Ronald Ojeda. El Ministerio Público sostiene que el móvil del crimen, ocurrido en febrero de 2024, fue estrictamente político y habría sido ejecutado por la célula “Los Piratas” del Tren de Aragua bajo órdenes directas de la cúpula chavista.

La tesis de la fiscalía apunta a que la instrucción de eliminar a Ojeda provino de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela, quien habría encargado la operación a Héctor “El Niño” Guerrero. Para sustentar esta línea investigativa, Chile busca tomar declaraciones en suelo estadounidense no solo a Maduro —actualmente bajo custodia en Nueva York—, sino también a Adrián Gámez Finol, alias “El Turko”, articulador de la banda criminal en Chile, y al exgeneral Hugo Carvajal, detenido por cargos de narcoterrorismo.

ACCIONES DE LA FAMILIA OJEDA EN NUEVA YORK

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, inició gestiones ante la representación de Estados Unidos en Santiago para que la viuda y hermanos del teniente asesinado puedan participar activamente en el proceso judicial que se desarrolla en la costa este norteamericana.

  • Participación como víctimas: La defensa busca mecanismos legales para que los familiares comparezcan como testigos o demandantes civiles en la causa contra Maduro.
  • Coordinación Internacional: La solicitud ya está siendo revisada por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y el FBI, en coordinación con el Departamento de Estado.
  • Antecedentes Previos: La familia mantiene acciones vigentes ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando al régimen venezolano por persecución extraterritorial.

“Sería un paso relevante que Maduro se allane a declarar para aclarar quiénes financiaron el encargo criminal y si Diosdado Cabello está involucrado como han referido los testigos”, señaló el abogado Manríquez.

La respuesta de las autoridades estadounidenses dependerá de la aplicación de las convenciones de Naciones Unidas y de la estrategia procesal que el Departamento de Justicia determine para el caso contra el exmandatario venezolano, en un escenario que vincula directamente la seguridad nacional chilena con la justicia federal de EE.UU. (NP-Gemini-Cooperativa)