La Fiscalía Regional de Aysén presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, buscando revertir la suspensión del proceso penal contra el exdiputado y actual senador electo, Miguel Ángel Calisto. El conflicto jurídico se originó el pasado 14 de enero, cuando el Juzgado de Garantía local paralizó la formalización del parlamentario argumentando que este posee un nuevo fuero tras los recientes comicios. No obstante, el ente persecutor sostiene que Calisto ya fue desaforado por la Corte Suprema en noviembre de 2025 y que no existe ninguna norma legal que faculte al tribunal para detener el procedimiento en esta etapa.
El Ministerio Público imputa a Calisto, junto a otros tres colaboradores (Carla Graff, Roland Cárcamo y Felipe Klein), delitos reiterados de fraude al fisco que habrían ocurrido entre los años 2018 y 2022. Según la investigación, apoyada por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, los hechos se enmarcan en el artículo 239 del Código Penal. La Fiscalía enfatiza que la inmunidad parlamentaria no debería operar como un bloqueador de la justicia en este caso, dado que el proceso de desafuero ya se había completado antes de su nueva elección.
Por su parte, el senador electo ha manifestado públicamente que no existen impedimentos legales para que asuma su cargo en la Cámara Alta el próximo 11 de marzo. Sin embargo, la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique será crucial para definir si Calisto enfrentará la formalización de cargos antes o después de su investidura. El objetivo del Ministerio Público es evitar que el cambio de estatus legislativo genere una dilación indefinida en una causa que ya cuenta con antecedentes validados por instancias superiores de la magistratura.
El caso ha generado especial atención en la Región de Aysén debido a la relevancia política del imputado y la gravedad de las acusaciones sobre el uso de recursos públicos. Mientras el procedimiento se mantiene formalmente suspendido, el tribunal de alzada deberá analizar si el nuevo fuero otorgado por la ciudadanía en las urnas prevalece sobre el desafuero previo o si, como argumenta la Fiscalía, la ley obliga a la continuidad inmediata de la acción penal. El desenlace de esta apelación marcará un precedente sobre la vigencia de la inmunidad parlamentaria frente a delitos de probidad administrativa. (NP-Gemini-Bio Bio)
