La Fiscalía Metropolitana Centro Norte amplió la investigación por una presunta red de tráfico de migrantes haitianos y ordenó el allanamiento de las oficinas de la empresa Ciarana Servicios Integrales SpA, luego de detectar vínculos financieros con otra firma investigada por el traslado ilegal de personas hacia Chile.
La diligencia fue autorizada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de una causa en la que dos ciudadanos haitianos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva por tráfico de migrantes y lavado de activos. Según la investigación, la organización coordinaba el ingreso de migrantes, principalmente menores de edad, desde Haití a República Dominicana y posteriormente a Chile, mediante pagos realizados por familiares residentes en la Región Metropolitana.
El Ministerio Público estableció una conexión entre esta causa y la investigación originada tras el informe de la Contraloría sobre eventuales irregularidades en el ingreso de niños haitianos al país. La relación surgió luego de detectar transferencias bancarias desde la empresa Cananeen SpA, investigada por tráfico de migrantes, hacia Ciarana Servicios Integrales.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Policía de Investigaciones, las operaciones financieras permiten establecer un vínculo directo entre ambas sociedades, lo que motivó la solicitud de entrada y registro en las dependencias de la empresa ubicadas en la comuna de Quilicura.
El informe de la Contraloría también incorporó el testimonio de un ciudadano haitiano que aseguró haber pagado $3,5 millones a Ciarana para gestionar el viaje de su esposa e hijo mediante reunificación familiar. Sin embargo, la mujer fue detenida en el aeropuerto de Haití al figurar como responsable del traslado de cinco menores de edad, siendo acusada de tráfico de niños.
La Fiscalía argumentó que existía urgencia para ejecutar el allanamiento debido al riesgo de ocultamiento o destrucción de antecedentes relevantes para la investigación. Por ello, el tribunal autorizó el registro por un plazo de 24 horas, permitiendo la incautación de documentación física y digital, antecedentes contables y eventuales sumas de dinero vinculadas a la causa. (NP-ChatGPT-Emol)