El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió un cambio significativo en el panorama delictual del país, marcado por la expansión del secuestro extorsivo, el cual dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una amenaza consolidada.
Durante su cuenta pública, la autoridad señaló que desde 2022 los casos de secuestro superan los 800 episodios anuales, evidenciando un aumento sostenido que ha obligado al Ministerio Público a reformular su estrategia de persecución penal frente al crimen organizado.
Valencia indicó que, pese a la gravedad del escenario, la Fiscalía ha intensificado su respuesta mediante la implementación de la Fiscalía Supraterritorial y el fortalecimiento de equipos especializados, como los grupos ECOH, que han ampliado su foco desde homicidios hacia este tipo de delitos.
Como resultado de estas medidas, la capacidad de identificar responsables ha aumentado en un 30%, permitiendo individualizar a más de 300 imputados en el último año, según datos validados por la academia.
Sin embargo, expertos advierten que la respuesta debe ser más integral, incluyendo el fortalecimiento de la inteligencia policial, el control fronterizo y la persecución de los recursos financieros de las organizaciones criminales.
Desde el Congreso, la diputada Tatiana Urrutia llamó a una acción coordinada entre el Ejecutivo, el Parlamento y los organismos autónomos, mientras que la diputada Ximena Ossandón planteó destinar bienes incautados al financiamiento de la lucha contra el crimen organizado.
El fiscal nacional concluyó que enfrentar este fenómeno requerirá fortalecer el control en la frontera norte, mejorar el sistema penitenciario y otorgar mayores facultades a las policías, en un contexto de recursos limitados y creciente complejidad del delito. (NP-ChatGPT-Bio Bio)