La Fiscalía Regional de Aysén cerró nuevamente la investigación por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones, causa en la que se encuentra imputado el senador independiente Miguel Ángel Calisto.

El Ministerio Público presentó una acusación contra ocho personas y, paralelamente, solicitó ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el desafuero del parlamentario para avanzar en el procedimiento penal en su contra.

La decisión se produjo después de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir la investigación durante 60 días para realizar diligencias solicitadas por las defensas, entre ellas nuevas declaraciones y peritajes.

Según informó la Fiscalía, estas diligencias permitieron “corroborar y reforzar” su tesis respecto de las asesorías parlamentarias que habría prestado la coimputada Carla Graf. El Ministerio Público sostiene que esos trabajos no se realizaron.

La Fiscalía agregó que los testigos interrogados, pertenecientes al entorno cercano del senador, señalaron desconocer labores efectuadas por Graf en beneficio del parlamentario.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, Calisto, Roland Cárcamo y Carla Graf habrían utilizado la contratación de esta última como asesora parlamentaria cuando Calisto ejercía como diputado.

La tesis del Ministerio Público sostiene que el entonces parlamentario habría realizado las gestiones ante la Cámara de Diputados para concretar la contratación, pese a que Graf no habría cumplido las obligaciones establecidas.

Según la acusación, los contratos habrían sido utilizados como un mecanismo para obtener recursos fiscales que posteriormente habrían beneficiado a los involucrados y a otras personas vinculadas a la Democracia Cristiana.

Libedinsky informó que el perjuicio fiscal investigado supera los $100 millones y confirmó que Calisto figura entre los acusados por el delito de fraude al fisco.

Respecto del senador, la Fiscalía solicitó a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinar si existen antecedentes suficientes para acoger los capítulos de la acusación y proceder a su desafuero.

El Ministerio Público pidió además suspender la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral mientras el tribunal de alzada no resuelva esa solicitud. (NP-ChatGPT-Emol)